Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
En medio del ruido político que hoy sacude al país, el choque entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República no es un episodio menor ni un simple desacuerdo técnico. Lo que está en juego es mucho más profundo: la estabilidad institucional, la credibilidad económica y el respeto por las reglas que sostienen la democracia colombiana.
El Banco de la República no es un actor político. Es, por diseño constitucional, una entidad independiente cuya misión principal es preservar el poder adquisitivo de la moneda. En otras palabras, su responsabilidad es proteger a los colombianos —especialmente a los más vulnerables— de los estragos de la inflación. Debilitar esa independencia, o someterla a presiones políticas, no solo es un error: es un riesgo mayúsculo.
El Gobierno, en su afán de impulsar el crecimiento mediante la reducción de tasas de interés, ha optado por confrontar públicamente al Banco, cuestionando sus decisiones y sugiriendo una desconexión con la realidad social del país. Pero esta narrativa, aunque políticamente rentable para algunos sectores, simplifica peligrosamente un debate técnico que requiere rigor, no populismo.
La historia económica de América Latina es clara y contundente: cuando los bancos centrales pierden independencia, las consecuencias son devastadoras. Inflación desbordada, pérdida de confianza de los inversionistas, devaluación acelerada y, en última instancia, empobrecimiento generalizado. Colombia, que durante décadas ha construido credibilidad en su política monetaria, no puede darse el lujo de retroceder.
Pero este conflicto no solo revela tensiones económicas. También deja al descubierto una preocupante tendencia del actual gobierno: la confrontación constante con las instituciones que no se alinean con su agenda. Hoy es el Banco de la República; ayer fueron las cortes, los organismos de control y diversos sectores productivos. Esta lógica erosiona el equilibrio de poderes y debilita el andamiaje institucional del país.
El debate de fondo, entonces, no es si las tasas de interés deben subir o bajar. Es si Colombia va a respetar las reglas del juego o si se impondrán decisiones influenciadas por intereses políticos de corto plazo. La independencia del Banco no es un capricho tecnocrático: es un pilar de estabilidad. Romper ese equilibrio podría tener costos que pagaremos todos.
Porque cuando la institucionalidad se debilita, no hay ideología que alcance para contener las consecuencias. Hoy más que nunca, Colombia necesita serenidad, respeto por las instituciones y responsabilidad en el ejercicio del poder. Lo contrario no es cambio: es riesgo.
