Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
Colombia enfrenta una amenaza que va mucho más allá del crimen ordinario se trata de una economía clandestina que ha dejado de ser sólo marginal para convertirse en una fuerza paralela al Estado. El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y el lavado de dinero ya no se debaten solo en zonas rurales remotas, se infiltran en instituciones, distorsionan los mercados y corrompen el sentido común.
Este fenómeno no es exclusivo de nosotros, Europa y España también se ven afectadas, pero aquí su impacto golpea más fuerte porque los vacíos de autoridad se sienten en cada rincón. El Estado, con frecuencia, parece demasiado débil frente a estructuras criminales que imponen sus propias leyes, envenenan la política y, lo más doloroso, siembran miedo.
Pero no es momento solo de represión, la solución pasa por fortalecer instituciones, empoderar a las comunidades y aprovechar la tecnología para detectar, denunciar y colaborar. Esa mirada es la que necesitamos aquí. El combate no puede ser solo un choque de armas, sino una construcción colectiva que desde abajo y de manera organizada recupere espacios.
El narcotráfico no se enfrenta únicamente con militares, se le confronta con colegios decentes, oportunidades de emprendimiento, justicia real, y el sentido de pertenecer. Colombia requiere un Estado presente, coherente, que demuestre a cada ciudadano que vivir fuera de las reglas no es una opción viable, social ni individual.
Tenemos que entenderlo como una carrera, por un lado, las mafias modernizan su poder y, por el otro, el Estado necesita urgencia y creatividad para alcanzarles. Pero es posible, se necesitan voces en las regiones, transparencia desde la casa de Nariño y una ciudadanía que no dé tregua al silencio cómplice.
Nos dicen que estas economías ilegales son ya sistemas de poder. Entonces, respondamos con un Estado que sea también sistema de dignidad, presencia y confianza para todos.
