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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera condena contra el antiguo secretariado de las Farc-EP por los secuestros cometidos durante el conflicto armado. La sanción, de ocho años, contempla trabajos restaurativos como búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y actos de memoria. Sin embargo, en el Huila, varias víctimas consideran que el fallo representa una revictimización y una burla frente a los hechos que vivieron.
“Después de tantos años pareciera que las víctimas somos las paganas de esta situación nuevamente de violencia”, expresó Consuelo González, excongresista que permaneció secuestrada durante seis años. “Por lo menos debería haber una consideración. Ellos fueron premiados, los beneficiados fueron ellos. Nunca conocí la verdad de quiénes sugirieron mi secuestro ni de quiénes lo ordenaron”. Recordó que incluso se retiró de una audiencia porque, según ella, los comparecientes “dijeron que las decisiones las tomaban los jefes de frente, cuando sabemos que esas órdenes provenían de la cúpula”.
Jaime Felipe Lozada, excongresista e hijo del exgobernador del Huila Jaime Lozada, asesinado por la guerrilla, coincidió en su inconformidad. “La decisión de la JEP, de sancionar con penas restaurativas al antiguo secretariado de las Farc, y de permitirles continuar con plenos derechos políticos y de permanecer en el Congreso de la República, dando cátedra de moral y de buenas costumbres, es para nosotros las víctimas, lacerante, frustrante y revictimizante”. Agregó que “en el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno Santos nos dijeron siempre que las víctimas íbamos a ser el centro. Con la decisión de la JEP lo que se ratifica es que nunca fuimos el centro del acuerdo, y que el centro del acuerdo fueron nuestros victimarios”.
Armando Acuña, exdiputado del Huila, también calificó el fallo como un golpe inesperado. “Quienes vivimos ese horror hemos recibido este fallo como un baldado de agua fría. Uno podría entender que hace parte de los acuerdos de paz, pero, ¿de cuál paz?, cuando hoy en día solamente encontramos disidencias de las Farc con quienes se firmó el acuerdo. Entonces nos toma de sorpresa porque no hay paz en el país y hay un fallo para algunos integrantes de las Farc quienes fueron responsables de miles de hechos irregulares como el secuestro”.
Según él, “si hizo parte de un acuerdo ese fallo uno lo podría aceptar si el país estuviera en paz, pero no aceptamos y recibimos como agua fría el fallo, es porque seguimos viviendo la guerra, una guerra que de igual manera está dejando otras víctimas y es lo que nos preocupa: la población civil inmersa en una guerra y sufriendo los rigores de la misma”.
El exsenador Jorge Eduardo Géchem, quien también padeció el secuestro, tuvo una posición diferente. “Me parece que era la carta de navegación que tenía la JEP con base al proceso de La Habana. De modo que está ajustado a esa carta de navegación y por eso hay que respetar las decisiones de la justicia transicional”.
La sentencia, de 663 páginas, cobija a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra Rodríguez (‘El Médico’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’) y Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’). El magistrado Camilo Suárez los declaró responsables de crímenes de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, además de crímenes de lesa humanidad como esclavitud y desapariciones forzadas.
“El Tribunal de Paz les impuso ocho años de Sanción Propia, que deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”, explicó. Durante este tiempo tendrán restricciones de residencia y movimiento, deberán portar un dispositivo electrónico y cumplir tareas bajo supervisión permanente de la JEP.
El fallo se enmarca en el Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos entre 1993 y 2012. La JEP concluyó que existieron tres patrones: la privación de la libertad de civiles, la retención de integrantes de la Fuerza Pública y líderes políticos, y el uso del secuestro como forma de control territorial. Con esta decisión, los comparecientes fueron declarados máximos responsables en calidad de autores de homicidios, desapariciones forzadas y privaciones graves de la libertad.
Mientras la JEP sostiene que la sanción busca garantizar la no repetición y la verdad plena, en el Huila las víctimas insisten en que la medida las revictimiza. “Recibimos este fallo como agua fría”, resaltó Acuña. Lozada afirmó que “nunca fuimos el centro del acuerdo”. Y González concluyó que “los premiados fueron ellos, no las víctimas”.
