Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En plena contienda electoral, mientras millones de ciudadanos esperan ejercer libremente su derecho al voto en 2026, el país presencia con preocupación una creciente ola de hostigamientos a actos de campaña, ataques en las redes sociales y amenazas de grupos al margen de la ley . Estos ya pasaron a la acción con el reciente atentado terrorista dirigido contra el coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca, perpetrado en los límites de ese departamento con Norte de Santander. Lo que debería ser una fiesta democrática se ha convertido en un campo minado donde el miedo pretende sustituir la voluntad popular.
No se trata de hechos aislados. El atentado contra elcoordinador de la campaña del candidato De la Espriella en Arauca revela una estrategia sistemática de intimidación. Los responsables bandas criminales, disidencias de las FARC y otros grupos armados buscan acallar una corriente política que, más allá de nombres, representa el clamor de millones de colombianos por el orden, la seguridad y la justicia. La pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿dónde está el Estado?
El gobierno, que debería ser garante de la vida, la libertad y la participación política, ha mostrado una preocupante pasividad. Las medidas de seguridad son insuficientes, las investigaciones avanzan con lentitud y el discurso oficial parece más preocupado por justificar la violencia que por detenerla. Mientras tanto, líderes sociales, voluntarios de campaña y ciudadanos de a pie arriesgan su vida por defender una idea de país diferente.
Esta falta de garantías electorales erosiona la legitimidad del proceso democrático. No puede haber elecciones libres si un candidato y su equipo son perseguidos o silenciados por el solo hecho de pensar distinto. En una democracia madura, el Estado no toma partido, pero sí protege a todos por igual. Hoy, esa igualdad brilla por su ausencia.
Lo que está en juego no es solo una campaña ni un resultado electoral: es el derecho de los colombianos a decidir sin miedo. El terrorismo político no puede ser normalizado. Si el gobierno no actúa con decisión, será cómplice, por omisión, de quienes buscan imponer su ideología a punta de bala.
Colombia merece un proceso electoral limpio, justo y seguro. Es hora de que el Estado despierte y asuma su responsabilidad, porque la democracia no se defiende con discursos: se defiende con hechos y garantías reales.
