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El Gobierno nacional estima obtener cerca de 2,5 billones de pesos adicionales mediante el incremento del IVA al tabaco y a las bebidas alcohólicas, con excepción de la cerveza, una decisión adoptada en el marco de la emergencia económica decretada a finales de 2024.
La medida quedó formalizada en el Decreto 1474 de 2025, que elevó la tarifa del impuesto del 5% al 19% para cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y productos similares. Según el Ministerio de Hacienda, el ajuste tributario hace parte de un paquete de instrumentos diseñados para cubrir compromisos del Presupuesto General de la Nación y atender presiones fiscales derivadas de la coyuntura económica.
No obstante, la disposición ha generado resistencia en los gobiernos territoriales. Veinte de los 32 gobernadores anunciaron que no aplicarán el incremento, al considerar que vulnera el orden constitucional. Para ello invocaron la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que permite a las autoridades abstenerse de cumplir una norma cuando estiman que contradice la Carta Política.
La Federación Nacional de Departamentos respaldó esta posición y recordó que el impuesto al consumo es una renta cedida a las regiones. Según la entidad, los departamentos administran este tributo dentro de los parámetros fijados por el Congreso, por lo que un cambio vía decreto afectaría su autonomía fiscal.
De acuerdo con cifras de FedeDepartamentos, el impuesto al consumo representa en promedio el 43% de los ingresos tributarios territoriales y financia sectores como salud, educación y deporte. Los mandatarios regionales advierten que la modificación podría alterar estas fuentes de recursos.
Otro de los puntos de debate es el posible impacto sobre el contrabando. Datos del Programa Anticontrabando indican que en 2024 el mercado ilegal de cigarrillos alcanzó una participación del 36%, el nivel más alto registrado desde 2011. Ese mismo año, las pérdidas en recaudo por esta actividad se estimaron en 1,03 billones de pesos.
La Federación de Departamentos sostiene que los cigarrillos tienen una demanda inelástica: ante un aumento de precio, el consumo no disminuye de manera significativa, sino que se desplaza hacia productos más baratos, muchos de ellos ilegales. Bajo ese escenario, las finanzas regionales podrían verse afectadas sin que el Estado logre el recaudo esperado.
El exdirector de la Dian, Lisandro Junco, planteó un razonamiento similar frente a los licores. Según dijo, un incremento pronunciado de precios incentiva la informalidad y el contrabando, reduciendo el recaudo y afectando los ingresos departamentales.
En la misma línea, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que tasas impositivas muy altas tienden a expandir los mercados ilegales y a reducir la tributación efectiva, lo que haría contradictoria la estrategia del Gobierno.
Según registros oficiales, el recaudo por impuestos al consumo de cigarrillos, licores y cervezas fue de 4,98 billones de pesos en 2021, subió a 5,70 billones en 2022 y alcanzó 6 billones en 2023, cifras que sirven de referencia en medio de la discusión actual sobre el efecto del nuevo ajuste.
