Política
Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República plantea cambios en la forma en que se adquieren y activan las tarjetas SIM en Colombia, como parte de una estrategia para enfrentar la extorsión telefónica, delito que en buena parte se comete desde centros de reclusión. La iniciativa fue presentada por un grupo de congresistas, entre ellos el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana.
La propuesta busca exigir identificación biométrica obligatoria para la compra y activación de líneas móviles, tanto físicas como virtuales, conocidas como e-SIM. Según cifras oficiales citadas en el trámite legislativo, un alto porcentaje de las extorsiones telefónicas se realizan mediante llamadas, y una parte significativa de estas tiene origen en establecimientos penitenciarios. El uso de tarjetas SIM adquiridas sin controles estrictos ha facilitado la suplantación de identidades y ha dificultado el rastreo de los responsables.
El proyecto contempla la creación de un registro nacional de usuarios de tarjetas SIM y e-SIM, que estaría a cargo de entidades del Estado y permitiría centralizar la información de quienes adquieren líneas telefónicas. También plantea la prohibición de comercializar o activar tarjetas sin el respectivo registro biométrico, con la posibilidad de desactivar las líneas que no cumplan con este requisito.
Otro de los puntos incluidos es la implementación de un sistema que permita identificar las llamadas que se originan en centros penitenciarios y alertar a los usuarios que las reciben, como una medida preventiva frente a posibles intentos de extorsión.
Triana señala que el crecimiento de este delito ha tenido un impacto directo en las regiones, especialmente en comerciantes y ciudadanos que han sido blanco de llamadas extorsivas. Según los datos expuestos por el congresista, en el departamento se presentó un aumento considerable de los casos reportados durante el primer semestre del año pasado, en comparación con el mismo periodo anterior.
El articulado también busca asignar un mayor grado de responsabilidad a los operadores de telefonía móvil, al considerar que cuentan con las bases de datos y la información técnica necesaria para apoyar las labores de control y judicialización.
El proyecto deberá surtir ahora su trámite en el Congreso, donde será incluido en el orden del día para su discusión en las comisiones correspondientes. De avanzar, la iniciativa introduciría nuevas reglas en el mercado de la telefonía móvil y en los mecanismos de prevención de la extorsión en el país.
