Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
El vil asesinato del coronel (r) Renato Solano, subdirector de la cárcel, no solo enluta a una familia y a una institución: ha sacudido la conciencia moral del Huila entero. Hoy la sociedad huilense repudia con indignación este crimen cobarde que golpea directamente a la autoridad del Estado y deja al descubierto el avance impune del crimen organizado.
Renato Solano fue asesinado por ejercer su cargo, por hacer cumplir la ley, por no doblegarse ante el miedo ni ante las amenazas de quienes creen que las cárceles son su territorio y el Estado un espectador débil. Su muerte es un mensaje, directo y brutal: el crimen se siente con poder suficiente para matar a quienes lo enfrentan, incluso dentro del sistema penitenciario.
Este no es un hecho aislado. Es la consecuencia de una política de seguridad frágil, permisiva y desconectada de la realidad. Las cárceles se han convertido en centros de operación criminal, mientras los funcionarios que intentan imponer orden quedan expuestos, señalados y desprotegidos. Hoy ser autoridad en Colombia y en el Huila es jugarse la vida.
Resulta inaceptable que frente a un crimen de esta magnitud la respuesta sea tibia, burocrática o silenciosa. No bastan comunicados ni condolencias de ocasión. El Huila exige justicia, resultados y garantías reales para quienes cumplen funciones de alto riesgo. Exige que se recupere el control de las cárceles y que se respalde, sin ambigüedades, a quienes sostienen el orden institucional.
Renato Solano no puede convertirse en una cifra más. Su asesinato debe marcar un límite. Un punto de quiebre. Porque si el Estado no es capaz de proteger a quienes lo representan, ¿quién protege entonces a los ciudadanos?
Hoy el Huila habla con una sola voz: este crimen nos indigna, nos duele y no lo aceptamos. Honrar la memoria de Renato Solano implica actuar con determinación, restablecer la autoridad y dejar claro que en esta tierra la violencia no gobierna y la ley no se negocia.
