Por: Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Opinión
El reciente nombramiento del ministro de Igualdad no es solo una decisión administrativa cuestionable, es un mensaje político profundamente desalentador para millones de jóvenes colombianos que creen o quieren creer en el mérito, el esfuerzo y la formación como camino legítimo para salir adelante. Cuando el presidente de la República designa a dedo a una persona que no acredita experiencia, trayectoria, reconocimiento técnico ni preparación profesional para dirigir una de las carteras más sensibles del Estado, no está haciendo inclusión, está trivializando la responsabilidad del poder.
No se trata de su origen indígena, como algunos intentan simplificar el debate para blindar al Gobierno de toda crítica. Reducir esta discusión a una acusación de discriminación es una forma burda de evadir el fondo del asunto. La igualdad no se construye reemplazando la idoneidad por el simbolismo ni la capacidad por la conveniencia política. La verdadera inclusión exige preparación, liderazgo, solvencia ética y conocimiento técnico, especialmente cuando se gobierna para poblaciones históricamente excluidas que merecen resultados, no discursos.
¿Qué mensaje recibe el joven que se endeuda durante años con el Icetex, que sacrifica a su familia, que estudia de noche y trabaja de día, que se forma con la esperanza de algún día servir al país o acceder a un mejor empleo? El mensaje es demoledor, y es que el mérito no importa, que la preparación no es determinante y que el acceso al poder depende más de la cercanía ideológica que de la competencia profesional. Es el mensaje de que el esfuerzo es opcional y la improvisación aceptable.
Un ministerio no es un símbolo, es una estructura compleja que maneja recursos públicos, diseña políticas, coordina instituciones y responde ante el país. Dirigirlo exige algo más que una narrativa política o una identidad cultural. Exige técnica, carácter, visión y calidad humana. Cuando estas condiciones no están presentes, el riesgo no lo asume el funcionario nombrado, lo asumen los ciudadanos que dependen de políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas.
Gustavo Petro llegó al poder prometiendo dignidad, cambio y justicia social. Sin embargo, decisiones como esta contradicen ese discurso y refuerzan la percepción de un gobierno que privilegia el gesto ideológico sobre la capacidad real de gobernar. La igualdad no se decreta desde el micrófono ni se construye con nombramientos simbólicos; se materializa con instituciones fuertes y liderazgos capaces. Y el argumento se vuelve aún más preocupante si se observa la realidad reciente del propio Ministerio de Igualdad.
El ministro anterior, con formación profesional y una hoja de vida ostensiblemente más sólida, apenas logró ejecutar un porcentaje mínimo del presupuesto asignado, sin superar el 10%, dejando en evidencia las enormes dificultades técnicas y administrativas que implica poner en marcha esa cartera. Si con preparación, experiencia y conocimiento del Estado no se logró ejecutar, la pregunta es inevitable: ¿qué puede esperarse ahora de una persona que no es profesional, que no tiene experiencia en gestión pública ni conocimiento en ejecución presupuestal? La respuesta no es ideológica, es técnica, y anticipa un mayor fracaso administrativo que terminará pagando el país.
Colombia no necesita más improvisación en el alto gobierno. Necesita respeto por el mérito, por la formación y por los ciudadanos que aún creen que estudiar, prepararse y sacrificarse vale la pena. Cuando el poder desconoce esos principios, no solo debilita al Estado, también rompe el pacto moral con toda una generación.
