por Amin Losada
Opinión
Colombia no atraviesa una simple coyuntura económica; vive una crisis fiscal estructural. El déficit del Gobierno Nacional supera el 5 % del PIB, la deuda pública ronda el 60 % del PIB y el margen de maniobra para la inversión social es cada vez más estrecho. Esta no es una herencia abstracta, es el resultado de un modelo de gasto desordenado, sin priorización ni responsabilidad fiscal, impulsado por el actual gobierno de Gustavo Petro.
En este contexto, el nuevo Congreso no puede comportarse como si nada hubiera pasado. La política también debe ajustarse a la realidad económica del país. Por eso, la eliminación de una de las primas salariales de los congresistas no solo es pertinente, sino necesaria como señal política y ética.
Hoy, un congresista en Colombia tiene una asignación mensual cercana a los 48 millones de pesos. A esto se suman primas legales que, en la práctica, equivalen a dos salarios adicionales al año. Eliminar una de esas primas representaría un ahorro aproximado de 48 millones de pesos por congresista al año. Si se tiene en cuenta que el Congreso está compuesto por 296 parlamentarios, el ahorro anual estaría alrededor de los 14.000 millones de pesos.
Este ahorro no resolvería por sí solo la crisis fiscal del país, pero sí enviaría un mensaje correcto y contundente. Ese monto permitiría, por ejemplo, financiar más de mil becas universitarias, fortalecer programas de alimentación escolar en varios municipios o cofinanciar proyectos productivos que hoy no despegan por falta de recursos.
Sin embargo, el debate no es únicamente contable. Es, sobre todo, un debate de coherencia. No se puede hablar de ajustes, reformas y sacrificios mientras el Congreso permanece blindado en sus privilegios. La austeridad no puede exigirse únicamente hacia abajo; debe empezar por quienes toman las decisiones.
Desde lo personal, no tengo ningún inconveniente con esa reducción. Mi vida siempre ha estado marcada por el trabajo, por tener materialmente lo necesario y por ser responsable en el uso de los recursos. Creo firmemente que los emolumentos de los congresistas deben ser justos, no ostentosos, y acordes con la realidad de un país donde millones de colombianos viven con menos de un salario mínimo.
El próximo Congreso debe entender que gobernar bien también implica renunciar, ajustar y dar ejemplo. La eficiencia en el gasto público comienza por quienes legislan. Si la política quiere recuperar legitimidad, debe demostrar que sabe apretarse el cinturón cuando el país lo necesita.
La austeridad no es populismo. Es responsabilidad. Y hoy, Colombia la exige, y la gente exige que estar de frente es también amarrse el cinturón en favor de la comunidad.
