Por: Jorge García Quiroga
Opinión
En Colombia el salario mínimo volvió a ocupar el centro de la discusión pública. Esta vez no solo por el monto anunciado para 2026, sino porque un auto del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que lo fijaba en $1.750.905, cifra que con auxilio de transporte alcanzaba los $2.000.000.
Aclaro algo importante: no soy economista ni abogado experto. Simplemente quise leer el pronunciamiento y tratar de entender qué significa todo esto para explicarlo en palabras claras, sin inclinación política, pensando en el ciudadano común que quiere saber qué está pasando con su salario.
Lo primero es no caer en confusiones. La suspensión provisional no significa que automáticamente se haya eliminado el aumento ni que mañana le bajen el sueldo a alguien. Lo que hizo el Consejo de Estado fue frenar temporalmente los efectos del decreto mientras estudia si se ajustó plenamente a lo que exige la ley.
El decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro y se fundamentó en artículos de la Constitución que hablan del trabajo como derecho y de la remuneración mínima, vital y móvil. Además, el Gobierno incorporó con mayor fuerza el concepto de salario vital, apoyándose en estudios de la Organización Internacional del Trabajo. La idea central es que el ingreso permita cubrir las necesidades básicas de una familia en condiciones dignas.
Sin embargo, la ley colombiana establece criterios específicos que deben tenerse en cuenta cuando el aumento no surge de un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Entre ellos están variables económicas como la inflación y la productividad. El debate jurídico actual no es simplemente si el salario es alto o bajo, sino si el procedimiento utilizado cumplió estrictamente con esos parámetros legales.
Esto es importante porque el salario mínimo no solo impacta a quienes lo reciben directamente. También sirve de base para calcular aportes a seguridad social, prestaciones y otros pagos laborales. Por eso cualquier decisión en torno a esta cifra tiene efectos amplios en trabajadores, pequeños empleadores y empresas.
Más allá del ruido político, lo que estamos viendo es el funcionamiento normal de las instituciones. El Ejecutivo toma una decisión y la rama judicial la revisa para verificar que se haya ajustado a la ley. Ese control no es un ataque ni una defensa, es parte del equilibrio democrático.
En el fondo, el debate actual va más allá del número. Se trata de cómo se toman decisiones que afectan el bolsillo de millones de personas y de si esas decisiones respetan las reglas establecidas. Informarnos, leer con calma y entender el contexto nos ayuda a opinar con responsabilidad y sin dejarnos llevar por posiciones extremas.
