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El Congreso dio un nuevo paso en el trámite del proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa la mutilación genital femenina en Colombia. La iniciativa fue aprobada en su tercer debate en el Senado y ahora solo resta un último trámite para que pueda convertirse en ley de la República. El articulado ha sido promovido por un grupo de congresistas que plantean la necesidad de cerrar vacíos normativos frente a una práctica que persiste en algunas comunidades del país.
La mutilación genital femenina es definida por la organización Equality Now como la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Se trata de una práctica asociada a patrones de desigualdad de género y que genera consecuencias físicas y psicológicas permanentes en niñas y mujeres. A nivel global, el organismo UNICEF estima que más de 230 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a esta intervención.
Colombia es el único país de América Latina donde aún se reportan casos de esta práctica, principalmente en comunidades del pueblo indígena Emberá asentadas en departamentos como Risaralda y Chocó. De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Salud, entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos en el país, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas. El año 2023 fue el más crítico con 90 registros, lo que equivale a un caso cada cuatro días. Solo en el municipio de Pueblo Rico se contabilizaron 50 casos durante ese periodo.
Los reportes oficiales también han dado cuenta de consecuencias fatales asociadas a esta práctica. En Bogotá se registraron recientemente la muerte de una niña de 13 años y de un bebé de 23 días por complicaciones derivadas de la mutilación. Estos hechos han sido citados por los impulsores del proyecto como parte de los argumentos que sustentan la urgencia de contar con una prohibición expresa y mecanismos de prevención, atención y sanción.
Con el cuarto debate pendiente, el proyecto avanza en medio de un debate que involucra derechos fundamentales, enfoques culturales y obligaciones del Estado frente a la protección de la niñez y de las mujeres. De ser aprobado, Colombia contaría con un marco legal específico para enfrentar una práctica que, aunque focalizada en ciertos territorios, mantiene vigencia y genera alertas en materia de salud pública y derechos humanos.
