Redacción La Última
• La formalización de estos predios habilita la destinación de recursos públicos para el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de espacios educativos, impactando directamente las condiciones de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes del campo.
En un avance significativo para el fortalecimiento de la educación rural, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se encuentra a un paso de titular siete predios donde actualmente funcionan sedes educativas en el municipio de Saladoblanco, Huila.
Este proceso permitirá que dichas instituciones pasen oficialmente a manos de la administración municipal, habilitando la inversión en infraestructura que durante años ha estado limitada por la falta de formalización jurídica.
El alcalde de Saladoblanco, Javier Bambagüé, destacó la importancia de este avance para el municipio.
“Queremos resaltar el papel de la ANT en nuestro municipio. Con la adjudicación de siete predios que antes eran baldíos y que pasarán a ser propiedad del municipio, como Oritoguaz, San Andrés, Providencia, San Rafael, La Chilca, La Palma y La Cabaña, se abre la posibilidad de realizar inversiones que antes no eran viables desde el gobierno municipal”.
La titulación de estos predios representa un paso clave para garantizar el derecho a una educación digna para niños, niñas y jóvenes del campo. Al contar con la propiedad legal, el municipio podrá gestionar y ejecutar recursos destinados al mejoramiento, mantenimiento y adecuación de las sedes educativas, impactando directamente la calidad del entorno escolar y los procesos de aprendizaje.
La Reforma Agraria también es educación
El ordenamiento de la propiedad rural, junto con el fortalecimiento de lo público, permite consolidar capacidades territoriales y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje. En este sentido, la educación rural se posiciona como un eje estratégico para el desarrollo del campo.
El coordinador de la ANT en Huila, Lester Fabián Garrido Arenas, explicó que la formalización de estos predios es determinante para avanzar en inversión pública. “La titularidad de estas sedes a nombre del municipio habilita la inversión pública y garantiza infraestructura digna para la educación rural. Sin propiedad formal no hay intervención; con ella, se aseguran los recursos”, afirmó.
Este avance evidencia que la Reforma Agraria no se limita a la entrega de tierras para la producción, sino que también impulsa transformaciones estructurales en los territorios rurales. La educación se consolida como un eje central para cerrar brechas históricas, fortalecer el arraigo campesino y generar oportunidades reales de desarrollo.
