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El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la totalidad del Decreto 415 de 2026, decisión que dejó en pausa el traslado de cerca de $5 billones que aún estaban pendientes de pasar desde las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas hacia Colpensiones. La medida amplía la cautelar adoptada el 28 de abril, cuando el alto tribunal había frenado parcialmente la aplicación de la norma y había dejado en espera alrededor de $20 billones.
Con esta nueva providencia, la suspensión cubre los $25 billones contemplados en el decreto expedido por el Gobierno Nacional.
La decisión fue adoptada por la Sección Segunda del tribunal, que estudia varias demandas acumuladas en las que se solicita la nulidad del decreto por presuntas irregularidades en su expedición y por el impacto que podría tener sobre los recursos pensionales de miles de afiliados.
Según lo señalado en la providencia, el traslado acelerado de estos dineros podría generar efectos irreversibles sobre el ahorro de los trabajadores, en especial de quienes ya consolidaron su derecho a la pensión o hicieron uso de la ventana de traslado prevista en la reforma pensional.
Los $5 billones que quedaban por trasladar corresponden a recursos de cerca de 20.000 afiliados que ya habían cumplido los requisitos para pensionarse o que optaron por cambiar de régimen en el marco de la nueva normatividad. Estos dineros hacían parte del grupo de recursos que aún no se habían movilizado tras la primera decisión judicial y que ahora quedan cobijados por la suspensión total del decreto.
En su análisis preliminar, el Consejo de Estado también advirtió que el Ejecutivo podría haberse extralimitado en sus funciones administrativas al reglamentar aspectos que, según las demandas, estarían reservados a la ley. En particular, el tribunal revisa si el contenido del decreto se ajusta a lo establecido en la Constitución y en la Ley 2381 de 2024, que dio sustento a la reciente reforma pensional.
Mientras se adopta una decisión de fondo sobre la legalidad de la norma, los recursos permanecerán en las cuentas administradas por las AFP. Esto implica que, por ahora, no podrá adelantarse ningún traslado adicional hacia Colpensiones en el marco de lo dispuesto por el decreto suspendido.
La decisión judicial se produce en medio de un debate jurídico y financiero sobre el alcance de la reforma y la forma en que debía implementarse el traslado de recursos entre regímenes. Las demandas que dieron origen a la medida cautelar advierten que la ejecución del decreto, en las condiciones planteadas, podría afectar la estabilidad del sistema y los derechos adquiridos de los afiliados.
Tras conocerse la providencia, el Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, presentó recursos para intentar revertir la suspensión. Estos serán estudiados por el mismo tribunal dentro del trámite del proceso.
Por ahora, la aplicación del Decreto 415 de 2026 queda completamente detenida mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de fondo que definirá si la norma se ajusta o no al ordenamiento jurídico.
