Por: Manuel Córdoba
Opinión
Da la sensación de que en Colombia viviésemos en una eterna campaña electoral. Apenas se apagan los ecos de una contienda democrática, el país ya se está preparando para la siguiente. Si bien esta vitalidad en las urnas es un síntoma de una democracia activa, esconde un efecto secundario que pocos discuten pero que todos los ciudadanos sufren: la parálisis crónica de la administración pública.
El origen de este problema radica en el diseño de nuestro calendario electoral y en la desincronización de los periodos de gobierno entre entidades nacionales y territoriales. Por un lado, elegimos a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados; por el otro, justo a mitad de su periodo territorial, el país entra a renovar el Congreso y la Presidencia de la República. Esta “alternancia”, que teóricamente busca equilibrar el poder y dar respiro al debate político, en la práctica ha convertido al Estado en un vehículo obligado a andar con el freno de mano puesto.
El instrumento visible de esta pausa es la famosa Ley de Garantías (Ley 996 de 2005). Su espíritu es bien intencionado: congelar la contratación directa y los convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a las elecciones para evitar que el presupuesto público se utilice como botín político. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un profundo choque de principios constitucionales. Por proteger la equidad y la moralidad electoral, terminamos sacrificando pilares vitales de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de nuestra Constitución: la celeridad, la eficacia y la economía con la que debe actuar la administración pública.
Veamos el ciclo real, que resulta ser un verdadero laberinto burocrático. Un alcalde o gobernador asume su cargo y tarda un promedio de seis meses formulando y aprobando su Plan de Desarrollo. Cuando por fin logra engranar a su equipo y estructurar proyectos, el calendario le avisa que se avecinan las elecciones legislativas y presidenciales. Entra en vigor la Ley de Garantías. Los convenios con la Nación se congelan. Y si la contienda presidencial se va a segunda vuelta —como casi siempre sucede—, la parálisis se extiende.
Pero el impase administrativo no termina el día de las votaciones. Con la llegada de un nuevo Gobierno Nacional inician los largos procesos de empalme, el reacomodo de los ministerios y la redacción, discusión y aprobación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Luego de esto, las prioridades cambian, las reglas de juego mutan y los proyectos locales que venían buscando cofinanciación deben volver a hacer fila, reestructurarse o, en muchos casos, descartarse. Para cuando el nivel nacional y el territorial por fin vuelven a hablar el mismo idioma, a los mandatarios locales ya se les ha acabado su periodo. Y el ciclo recomienza.
Detrás de este caótico panorama no hay solo cifras o expedientes acumulados en las oficinas de planeación; hay un costo social inmenso. La parálisis administrativa significa que la escuela rural con el techo dañado debe esperar dos o más años para ser intervenida; que la vía terciaria por la que los campesinos sacan sus productos se queda sin mejorar; que los programas de apoyo social a madres cabeza de familia sufran interrupciones intempestivas y un largo etcétera de frustraciones. El ciudadano de a pie no entiende de desincronización electoral ni de convenios interadministrativos; solo ve a un Estado ineficiente que no le resuelve sus problemas a tiempo.
Desde la teoría de la administración pública, la continuidad y la certidumbre son pilares para el desarrollo. No podemos seguir planificando el futuro de los territorios en fragmentos de apenas 18 o 24 meses efectivos de gestión.
Es momento de abrir un debate serio sobre nuestro diseño institucional, dentro del cual ocupe un lugar central la discusión sobre la unificación de los periodos entre autoridades nacionales y territoriales, así como la reforma o, preferiblemente, la eliminación de la Ley de Garantías. La democracia debe garantizar que elijamos a nuestros representantes de manera transparente, por supuesto, pero también debe asegurar que, mientras elegimos a quienes deben gobernarnos, el Estado no deje de servirle a la gente.
