Por: Franky Vega Murcia
La democracia colombiana acaba de recibir una lección que no provino del Gobierno, sino de quienes dicen defenderla.
En menos de una semana, dos voceros de la izquierda radical dejaron al descubierto una peligrosa concepción del poder: cuando ellos gobiernan, exigen respeto por las instituciones; cuando pierden, anuncian bloqueos, llaman a la desobediencia civil y pretenden condicionar el reconocimiento del presidente elegido por el pueblo.
No estamos frente a simples declaraciones políticas. Estamos frente a un mensaje profundamente preocupante para cualquier democracia.
Una dirigente juvenil de izquierda llamada Viviana Marín Carmona, quien se desempeña como secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia, apareció en un video afirmando, con absoluta tranquilidad, que “eran una plaga”, que iban a gastar zapatos bloqueando al país todos los días y que harían invivible el gobierno de Abelardo de la Espriella, es decir, antes de que un presidente se posesione, ya anuncian que su propósito no será ejercer una oposición responsable, sino impedir que el país funcione. Esa no es la esencia de la democracia. Eso es apostar por el caos. Eso es convertir a millones de colombianos en víctimas de una estrategia política cuyo único propósito es hacer fracasar un gobierno legítimamente elegido.
Pero lo ocurrido al día siguiente resulta aún más delicado. El senador Iván Cepeda, quien se identifica así mismo como el líder de la oposición, afirmó que solo reconocería plenamente al nuevo gobierno si el presidente electo renuncia a su ciudadanía estadounidense, aclara sus relaciones con organismos de seguridad de ese país y asume otros compromisos políticos. Incluso convocó a una “desobediencia civil pacífica” si esas exigencias no son atendidas.
Aquí es donde conviene hacer una precisión jurídica que no admite discusión, en Colombia, los presidentes no son reconocidos por la oposición. Los presidentes son elegidos por el pueblo y declarados electos por la autoridad electoral competente. El reconocimiento jurídico no depende del senador Iván Cepeda, la oposición, ni de ningún partido político. Ese reconocimiento lo otorga el Consejo Nacional Electoral conforme a la Constitución y a la ley y esto ya ocurrió.
Por eso resulta profundamente equivocado pretender que el líder de la oposición pueda imponer condiciones para aceptar una decisión soberana del pueblo colombiano. La oposición tiene derechos, muchos derechos y, en realidad es bueno que los tenga.
La Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición, le garantiza acceso a medios de comunicación, participación política, derecho de réplica, información oficial, financiación y control político. Pero hay algo que esa ley jamás le concedió. No le otorgó la facultad de reconocer o desconocer gobiernos, no le permitió condicionar la legitimidad del Presidente de la República, no le autorizó a poner requisitos para aceptar la voluntad popular y, mucho menos le dio competencia para convocar a una desobediencia civil como mecanismo para presionar al gobierno recién elegido.
Ojo, la oposición Controla, Fiscaliza, Debate, Critica y Propone, pero no certifica la legitimidad de un presidente. Esa legitimidad proviene exclusivamente del voto ciudadano y de las autoridades electorales.
Tampoco resiste el más mínimo análisis jurídico la exigencia de renunciar a la doble nacionalidad, pues la Constitución Política es absolutamente clara, el artículo 191 establece únicamente tres requisitos para ser Presidente de la República: primero ser colombiano por nacimiento, segundo ser ciudadano en ejercicio y finalmente tener más de treinta años de edad. Nada más.
Ahora bien, en el numeral 7 del artículo 179, remisorio del articulo 197 de la Constitución, que dice que esta inhabilitado para ser elegido presidente: “(…) 7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.”, se elimina cualquier duda al disponer que la inhabilidad relacionada con la doble nacionalidad no aplica a los colombianos por nacimiento, cuyo caso es el de Abelardo de la Espriella.
Es decir, el propio Constituyente creó una excepción expresa. No existe, entonces, fundamento constitucional para exigir la renuncia a una segunda nacionalidad cuando el presidente es colombiano por nacimiento.
No es un vacío constitucional como dicen, que da lugar a interpretación, todo lo contrario el texto expreso de la Constitución, no da lugar al más mínimo asomo de duda y cuando la norma es clara, óigase bien NO HAY LUGAR A INTERPRETACION.
La ley no puede convertirse en un arma selectiva, no puede ser severa con quienes piensan distinto y complaciente con quienes pertenecen al mismo sector ideológico.
La Constitución no cambia dependiendo de quién gane las elecciones y, la democracia tampoco.
Finalmente, hay una expresión que merece una reflexión especial, convocar a una “desobediencia civil” frente a un gobierno democráticamente elegido no es un mensaje menor. La desobediencia civil ha sido, históricamente, un mecanismo excepcional frente a regímenes que niegan derechos fundamentales o desconocen el orden constitucional, y, en nuestro caso ni una cosa, ni la otra, pues el gobierno al que quieren desobedecer no ha iniciado su ejercicio y ya lo quieren desobedecer, lo que deja en evidencia que solo es una excusa para evitar los controles que les pueden generar verdaderas responsabilidades legales.
Invocarla contra un gobierno cuya legitimidad proviene de las urnas y de las autoridades electorales es una señal política de enorme gravedad. En democracia, el escenario para derrotar a un gobierno son las elecciones, el Congreso, el control político y los jueces.
No las amenazas de paralización permanente del país. La democracia exige aceptar una verdad sencilla. Hoy se gana, mañana se pierde, pero siempre se respeta la voluntad del pueblo.
Porque cuando una fuerza política solo acepta los resultados electorales que la favorecen, y no está dispuesta a que le hagan verdaderos controles a sus acciones, deja de comportarse como demócrata y comienza a comportarse como dueña de la democracia.
Y Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por quienes creen que el país solo es legítimo cuando gobiernan ellos.
