Por : Carlos Ernesto Álvarez Ospina
Alcalde Germán Casagua, hay preguntas que una administración pública debe responder antes de tomar decisiones que comprometen recursos, tecnología y, sobre todo, la relación entre ciudadanía y Estado. Una de ellas resulta inevitable en este momento, porque entre lo que su Administración decía hace poco más de un año y lo que usted plantea hoy existe una diferencia que merece una explicación. ¿Qué cambió?
El 3 de julio de 2025, la propia Alcaldía de Neiva publicó un comunicado cuyo título no dejaba mucho espacio para las interpretaciones, “¡Gobierno Casagua no implementará cámaras de foto detección!”. Allí se explicaba que, aunque el Plan Local de Seguridad Vial contemplaba la implementación de esta tecnología dentro de sus metas de largo plazo, la Administración había decidido priorizar otras acciones y afirmaba expresamente que “en este gobierno no se implementará dicha tecnología”. Hoy, sin embargo, el panorama parece ser otro. El alcalde manifiesta que se inclina por instalar un sistema de fotodetección para sancionar a quienes se pasen los semáforos en rojo.
La pregunta vuelve entonces a ser la misma, pero ahora adquiere mayor relevancia. ¿Qué cambió?
No cuestiono que quienes incumplan las normas de tránsito deban ser sancionados, ni considero que la tecnología deba descartarse de plano como herramienta para mejorar la seguridad vial. Lo que resulta cuestionable es presentar una nueva herramienta sancionatoria como parte de la solución sin que previamente exista suficiente evidencia para establecer qué problema concreto pretende resolver, cuánto costará su implementación, cuál será su impacto y cómo se determinará si realmente funcionó.
Aquí aparece una circunstancia particularmente importante. En la respuesta que recibí de la Secretaría de Movilidad a un derecho de petición, la propia entidad reconoce que no cuenta con un estudio técnico ni con un indicador específico que permita establecer una relación directa entre el incremento de comparendos y las mejoras en las condiciones de movilidad. También reconoce que no se han realizado evaluaciones de impacto específicas sobre la política de imposición de comparendos.
Esto debería llevarnos a una discusión mucho más seria que la de estar a favor o en contra de las fotomultas. Si la Administración pretende ampliar la capacidad de detección y sanción, lo mínimo que debería mostrarle a la ciudadanía es la evidencia que sustenta esa decisión. ¿Cuál es el estudio que demuestra que una mayor fotodetección producirá mejores resultados en movilidad y seguridad vial?
Neiva, además, tiene una problemática que no puede reducirse a la instalación de cámaras. Durante 2025 se registraron 445 siniestros viales, frente a 440 en 2024, con 62 personas fallecidas y 369 lesionadas. Es cierto que los fallecimientos disminuyeron un 13,9 por ciento y ese resultado debe reconocerse. Pero también es cierto que los lesionados aumentaron un 10,48 por ciento y que el número total de siniestros tuvo un incremento. Las cifras, por sí solas, muestran que el problema sigue siendo suficientemente complejo como para pretender resolverlo exclusivamente desde la sanción.
Más aún, las comunas 6, 4 y 5 concentraron el 52,57 por ciento de los siniestros. El 71,9 por ciento correspondió a choques y, dentro de estos, en el 91,3 por ciento hubo participación de motocicletas. Estos datos deberían convertirse en decisiones concretas sobre infraestructura, comportamiento vial, señalización, controles y puntos críticos de accidentalidad. No deberían quedarse simplemente como estadísticas dentro de un informe.
Por eso, una política seria de seguridad vial necesita mucho más que cámaras. Necesita infraestructura segura, señalización adecuada, semáforos eficientes, controles efectivos, educación vial, intervención de los puntos donde se concentra la siniestralidad y, especialmente, coordinación entre las diferentes entidades que intervienen sobre el espacio público.
Porque resulta difícil hablar de planeación cuando los ciudadanos vemos cómo una vía es intervenida, recuperada y, poco tiempo después, vuelve a ser abierta para ejecutar otra obra o instalar una red de servicios. Cada intervención de este tipo representa recursos públicos, congestión, afectaciones para comerciantes y residentes y, en muchos casos, la sensación de que las entidades de una misma Administración trabajan sin la coordinación que debería caracterizar a un gobierno.
Hay además una cifra que merece entrar en esta discusión. En junio de 2026, la Secretaría de Hacienda informó que la cartera de multas de tránsito de Neiva rondaba los 117.000 millones de pesos.
Esa cifra no permite afirmar, por sí sola, que las fotomultas sean un negocio, y sería irresponsable atribuirle al alcalde una intención de recaudo sin evidencia que lo demuestre. Pero sí plantea una pregunta perfectamente legítima sobre la orientación de la política pública. ¿Cuál debe ser el verdadero indicador de éxito de una política de tránsito, el dinero recaudado o la reducción de la siniestralidad?
La diferencia es enorme. Una multa demuestra que alguien fue sancionado, pero no demuestra necesariamente que la movilidad haya mejorado. Un comparendo puede generar recaudo, pero el objetivo de una política de seguridad vial debería ser mucho más ambicioso. Debería conseguir que las personas conduzcan de manera más segura, que disminuyan los siniestros y que cada vez menos familias tengan que enfrentar las consecuencias de un accidente de tránsito.
Por eso, alcalde Casagua, antes de instalar cámaras para sancionar, sería razonable que la Administración muestre los estudios. Que explique cuánto costará el sistema, dónde se instalará, cuáles serán los criterios técnicos para seleccionar cada punto, cuánto costará su operación, qué reducción de siniestros se espera alcanzar y qué indicadores permitirán determinar, dentro de uno, dos o tres años, si la decisión realmente produjo resultados.
Y, sobre todo, sería conveniente explicarles a los neivanos por qué en julio de 2025 la Administración afirmaba que durante este gobierno no implementaría la fotodetección y hoy usted manifiesta que se inclina por hacerlo.
Neiva no necesita una discusión reducida a quienes están a favor o en contra de las fotomultas. Necesita una discusión mucho más elemental y, al mismo tiempo, mucho más exigente. Qué funciona, cuánto cuesta y qué resultados produce.
Si los estudios técnicos demuestran que la fotodetección es necesaria, efectiva y capaz de reducir los siniestros, bienvenida sea. Pero que sean los datos los que hablen. Que la tecnología sea un instrumento de una política de seguridad vial y no que la política termine diseñada alrededor de la capacidad de sancionar.
Mientras tanto, la prioridad debería estar en recuperar la malla vial, mejorar la señalización, modernizar la red semafórica, intervenir los puntos críticos de accidentalidad, coordinar adecuadamente las obras públicas y conseguir que las diferentes dependencias de la Administración trabajen bajo una verdadera lógica de gobierno articulado.
Porque una cámara puede detectar una infracción y generar un comparendo. Pero una buena administración debería aspirar a algo mucho más difícil y mucho más importante: evitar que la infracción termine convirtiéndose en un accidente.
Al final, esa debería ser la diferencia entre recaudar y gobernar.
