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Un ajuste de $21,9 billones sobre los recursos previstos para este año obligará al Gobierno nacional a reducir el gasto de distintas entidades y ministerios, en una decisión que busca corregir las cuentas públicas y contener las presiones sobre la deuda del país.
El recorte fue anunciado por el Ministerio de Hacienda y corresponde exclusivamente al Presupuesto General de la Nación que está en ejecución durante 2026. El ministro Miguel Gómez Martínez aclaró que la reducción no afecta el proyecto de presupuesto correspondiente a 2027, que seguirá su trámite de manera independiente.
La medida contempla un ajuste distribuido entre las diferentes entidades del Estado. De acuerdo con el Gobierno, no habrá un único sector sobre el que recaiga la reducción, por lo que los ministerios y organismos de la administración nacional deberán revisar sus niveles de gasto y aplicar las disminuciones correspondientes.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir las presiones fiscales y evitar que continúe deteriorándose la trayectoria de la deuda pública. El Gobierno también pretende generar confianza entre los mercados y los inversionistas internacionales frente al manejo de las finanzas nacionales.
El plan contempla además una segunda fase que dependerá del Congreso. Se trata de un proyecto de ley de rescate fiscal con el que el Gobierno pretende modificar algunas normas que establecen destinaciones específicas para determinados recursos y que limitan la capacidad de reducir el gasto.
La propuesta permitiría buscar una reducción adicional cercana al 2,2 % del Producto Interno Bruto, una cifra que el Gobierno calcula en alrededor de $45 billones. Para avanzar en ese objetivo, el proyecto deberá ser presentado ante el Congreso y surtir el correspondiente debate legislativo.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda reiteró que el país mantendrá el cumplimiento de las obligaciones de deuda adquiridas. El Gobierno descartó escenarios de renegociación o incumplimiento y señaló que el ajuste busca precisamente contribuir a mantener la capacidad de atender esos compromisos.
El recorte de $21,9 billones se convierte así en una de las principales decisiones fiscales para la vigencia de 2026, mientras el Gobierno prepara nuevas medidas para contener el gasto y modificar algunas de las reglas que actualmente comprometen parte de los recursos públicos.
