ACTUALIDAD
Un proyecto de ley radicado por el Centro Democrático busca que el presidente Abelardo De La Espriella reciba facultades extraordinarias durante seis meses para modificar la estructura de la administración pública y adelantar una reorganización de distintas entidades del Estado.
La iniciativa fue presentada por los senadores Julia Correa y Juan Caicedo y plantea que el Ejecutivo pueda crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir, disolver, liquidar o modificar la naturaleza jurídica de entidades públicas. El alcance incluye los 18 ministerios que actualmente hacen parte de la estructura del Gobierno nacional, así como organismos y dependencias vinculados con Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, Planeación y la Presidencia de la República.
De acuerdo con la propuesta, la reorganización tendría como uno de sus principales propósitos disminuir el gasto de funcionamiento del Estado y contribuir a la reducción del déficit fiscal. Los autores del proyecto sostienen que existen entidades con funciones similares o duplicadas, situación que, a su juicio, genera mayores costos para la administración pública y justifica una revisión de su estructura.
La iniciativa estima que los cambios podrían representar un ahorro cercano al 2% del Producto Interno Bruto. La cifra está relacionada con la reducción de gastos asociados al funcionamiento de las entidades y con la posibilidad de modificar estructuras administrativas que actualmente demandan recursos del presupuesto nacional.
Las facultades solicitadas no tendrían alcance sobre todas las instituciones públicas. El proyecto excluye al Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales y otros organismos que cuentan con un régimen especial establecido por la Constitución o la ley.
Uno de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con el procedimiento para ejecutar la reorganización. Si el Congreso aprueba las facultades en los términos planteados, el Gobierno podría realizar las modificaciones mediante los mecanismos que autorice la ley, sin tener que presentar ante el Legislativo un proyecto independiente por cada entidad que se pretenda transformar o eliminar.
La propuesta apenas inicia su trámite en el Congreso y deberá ser discutida en las distintas etapas previstas para los proyectos de ley. Durante ese proceso se definirá si las facultades solicitadas mantienen el alcance planteado por sus autores, si son modificadas o si finalmente no obtienen aprobación.
El proyecto abre así una discusión sobre el tamaño de la administración pública, el costo de su funcionamiento y las herramientas que tendría el Gobierno de De La Espriella para modificar la estructura estatal durante los seis meses previstos en la iniciativa.
