Política
La aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso generó posiciones distintas entre los congresistas huilenses, quienes coincidieron en la necesidad de enfrentar a las estructuras criminales, pero marcaron diferencias sobre los beneficios jurídicos y las condiciones que deberán cumplir quienes decidan acogerse a la justicia. Flora Perdomo, María Lucía Villalba, Julio César Triana y Lourdes Mateus fijaron sus posturas frente a una iniciativa que plantea una nueva ruta para el sometimiento de organizaciones criminales y actores armados ilegales.
La norma establece un mecanismo para que estas estructuras puedan someterse voluntariamente a la justicia, de manera individual o colectiva, bajo condiciones definidas por el Estado. Entre los compromisos están la dejación de armas, la entrega de bienes, la liberación de personas secuestradas, la entrega de menores reclutados, el suministro de información sobre desaparecidos, el cese de actividades ilícitas y la colaboración con la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones. Los beneficios no serán automáticos y podrán ser revocados si se incumplen las condiciones.
La realidad del Huila nos exige actuar
La representante a la Cámara Flora Perdomo destacó que la nueva norma busca facilitar el tránsito a la legalidad, desmantelar las estructuras criminales y afectar las economías ilícitas que sostienen su accionar. “Su propósito es facilitar el tránsito a la legalidad, lograr el desmantelamiento de estas estructuras criminales y golpear las economías ilícitas que financian su accionar”, señaló.
La congresista también puso el foco en la situación que atraviesan varias regiones y particularmente el Huila. “La realidad del Huila nos exige actuar”, afirmó la representante, al mencionar la alerta sobre cinco municipios del departamento por la expansión de grupos armados ilegales y los riesgos para las comunidades y los líderes sociales. Para la congresista, el país necesita recuperar la seguridad y garantizar que las comunidades puedan ejercer sus libertades sin amenazas ni intimidaciones.
Inversión en los territorios
La senadora María Lucía Villalba respaldó la aprobación, aunque advirtió que los beneficios deben estar sujetos al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas. “Necesitamos una hoja de ruta clara para que las organizaciones criminales dejen las armas, respondan ante la justicia y, sobre todo, contribuyan a reparar a sus víctimas”, sostuvo.
Además, logró incluir una proposición para que la recuperación de los territorios mediante inversión social incorpore enfoque de género y priorice a las mujeres. “Para evitar que esta ley se convierta en un escenario de impunidad, los beneficios jurídicos deben estar sujetos al cumplimiento estricto de las condiciones y a los aportes que hagan las estructuras criminales en materia de justicia, verdad y reparación”, afirmó.
Murió la Paz Total
Desde una posición más crítica, el representante Julio César Triana aseguró que la aprobación de la ley representa el cierre de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. “Acabamos de sepultar y darle fin a la fracasada Paz Total de Petro que tanto daño le hizo al país”, afirmó el congresista.
Entre las condiciones que deberán cumplir quienes pretendan someterse, destacó tres requisitos. “Para someterse, tendrán que entregar todos sus bienes, compartir el origen y las rutas de sus economías ilícitas y colaborar de manera efectiva para desmantelar sus redes criminales”, sostuvo. Para el representante, con estas disposiciones “se acabó la impunidad” y se devuelve autoridad al Estado.
Esta es una ley de traquetos
La representante Lourdes Mateus señaló en sus redes que, La Ley de Sometimiento que propone el gobierno es una ley traqueta, que beneficia únicamente a narcotraficantes y sus testaferros. Pareciera una Ley diseñada para mantener libres y con plata a los clientes mafiosos de Abelardo.
Cuestionó el alcance de los beneficios y centró su postura en los responsables del reclutamiento de menores. Según la congresista, la ley podría favorecer a personas involucradas en esta conducta y pidió revisar las condiciones aplicables a quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos contra niños y adolescentes. “Esta es una ley de traquetos, pero también puede beneficiar a los reclutadores de menores”, criticó
La también exconcejal de Neiva insistió en que el reclutamiento de niños y adolescentes constituye una de las conductas que más afecta los derechos humanos en el país y cuestionó que quienes estén involucrados puedan acceder a beneficios. “Los niños solamente les importaban en campaña; hoy, de frente al país, les están diciendo que van a dar beneficios a los reclutadores de menores”, afirmó la representante, quien sostuvo que el Congreso debería evitar que la norma termine generando escenarios de impunidad.
