Judicial
La Rama Judicial en Neiva podría entrar en un paro indefinido a partir del próximo 19 de noviembre si no se logra un acuerdo con el Gobierno Nacional frente a las dificultades presupuestales que enfrenta el sector. La falta de recursos, el aumento de expedientes represados y la insuficiencia de personal están dificultando la atención de los procesos y generando preocupación entre jueces, magistrados y servidores judiciales.
Óscar Eduardo López Rojas, presidente de Asonal Judicial Seccional Neiva, explicó que el propósito de la jornada fue informar a la comunidad judicial del distrito sobre la situación que atraviesa la Rama Judicial. Según indicó, el principal problema está relacionado con la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de los despachos.
“Lo que ha generado esta crisis es la insuficiencia presupuestal. El rubro destinado para el año 2027 es totalmente insuficiente y nos impide atender en debida forma cada una de las necesidades de nuestra comunidad judicial”, señaló López Rojas.
El dirigente sindical sostuvo que esta situación también se refleja en la congestión de los procesos. Aseguró que el represamiento de expedientes ha aumentado cerca de un 43 % a nivel nacional y que la falta de personal dificulta aún más la capacidad de respuesta de los juzgados.
“Las horas laborales se han extendido a más de 10 horas y actualmente hay necesidad de que personas que no tienen el perfil asuman funciones que no les corresponden, con el propósito de hacer lo humanamente posible para brindar el mejor servicio de administración de justicia”, manifestó.
Desde los despachos judiciales también se advierte sobre las consecuencias que tendría una reducción de los recursos. Juan Pablo Puentes Vargas, juez séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, señaló que el presupuesto de la justicia estaría quedando por debajo del porcentaje establecido progresivamente en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
“Con este nuevo presupuesto se va a retroceder, se va a bajar del 2 %. Esto es una afectación muy grande tanto para los servidores judiciales, porque van a disponer de menos herramientas y menos personal, como para la ciudadanía”, afirmó el juez.
Puentes Vargas explicó que la reducción de recursos puede terminar aumentando los tiempos de respuesta en los procesos. “Menor presupuesto para la justicia significa mayor congestión judicial, y una justicia que ya de por sí está congestionada, con un presupuesto menor, va a agravar esta situación”, sostuvo.
Otro de los asuntos planteados durante la jornada está relacionado con la bonificación reconocida como factor salarial. López Rojas indicó que desde julio se solicitó al Gobierno Nacional una adición presupuestal para cumplir con las disposiciones establecidas, pero aseguró que, pese a dos reiteraciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, hasta ahora no han recibido respuesta.
Los representantes de la Rama Judicial pidieron al Gobierno Nacional y al Congreso garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los despachos. Puentes Vargas sostuvo que la financiación de la justicia también tiene relación con la atención de otros problemas del país, particularmente frente a la congestión de la justicia penal.
Mientras esperan una respuesta del Gobierno, Asonal Judicial mantiene sobre la mesa la posibilidad de un paro indefinido desde el 19 de noviembre. La decisión, según López Rojas, dependerá de si se logra o no un acuerdo frente a las solicitudes presupuestales y las condiciones que actualmente afrontan los servidores judiciales.
