Judicial
El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología confirmó la suspensión por tres años del ejercicio profesional de Claudia Patricia Toledo Camacho, quien se desempeñaba como perito privada en procesos judiciales. La decisión se produjo tras revisar en segunda instancia una investigación relacionada con títulos de posgrado y certificados de cursos que habrían sido falsificados o alterados e incluidos en su hoja de vida.
La queja que dio origen al proceso disciplinario fue presentada el 21 de octubre de 2024 en la ciudad de Neiva, por John Jairo Peralta García, quien puso en conocimiento de las autoridades la documentación académica utilizada por la profesional para acreditar su formación y competencias como perito forense.
Según el expediente, entre los documentos cuestionados aparecen certificados y títulos relacionados con Tech Universidad Tecnológica y Euroinnova International Online Education. Estos fueron incluidos en la hoja de vida y el portafolio de servicios de Toledo Camacho, documentos con los que ofrecía sus servicios profesionales.
La decisión de segunda instancia fue emitida el 4 de junio de 2026 y confirmó en su totalidad el fallo del Tribunal Departamental de Centro y Suroriente, proferido el 31 de marzo del mismo año. La defensa había apelado la sanción, pero sus argumentos no fueron acogidos por el Tribunal Nacional.
Para esa corporación, la psicóloga quien tiene su sede principal en la capital huilense, actuó con dolo al incluir y mantener durante aproximadamente dos años la información académica cuestionada. El fallo consideró que esa conducta desconoció los deberes de veracidad, honestidad y responsabilidad establecidos en el artículo 44 de la Ley 1090 de 2006.
Uno de los aspectos que ahora adquiere importancia es el número de procesos judiciales en los que Toledo Camacho habría participado como perito. De acuerdo con la información aportada en el caso, serían más de 90 los peritajes realizados por la profesional, cuyos contenidos y efectos deberán ser revisados de manera individual.
La revisión también busca establecer qué decisiones judiciales tuvieron como elemento de análisis los conceptos elaborados por la psicóloga. Esto resulta relevante debido a que los peritajes privados pueden ser incorporados como elementos técnicos dentro de diferentes actuaciones judiciales.
En uno de los peritajes analizados durante la investigación fueron advertidas inconsistencias relacionadas con personas presentadas como testigos. Entre ellas se mencionaron diferencias en documentos de identidad, números telefónicos y en los testimonios atribuidos a esas personas. Estos aspectos forman parte de las actuaciones que deberán ser examinadas nuevamente por las autoridades competentes.
La defensa sostuvo, entre otros argumentos, que no existían elementos suficientes para demostrar el uso de los documentos cuestionados y negó la existencia de dolo. Sin embargo, el Tribunal Nacional consideró que la conducta acreditada afectó los principios de veracidad y buena fe que deben regir el ejercicio de la profesión y rechazó los argumentos planteados en la apelación.
Con la decisión del 4 de junio de 2026 quedó agotada la vía corporativa disciplinaria, debido a que contra el fallo de segunda instancia no procede un recurso ordinario. El expediente deberá regresar al tribunal de origen, mientras continúa la revisión de los peritajes realizados por la profesional para determinar si hubo otras irregularidades y cuál fue su eventual incidencia en los procesos judiciales en los que fueron utilizados.
