Por: Andrés Calderón
Esta semana fue asesinada en el municipio de El Agrado una mujer de nombre Yenifer Daniela Gualy, al parecer un feminicidio. Pero este no es un caso aislado, lo que le sucedió a Yenifer refleja la condición de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres por el simple hecho de serlo, a esto se refiere la expresión feminicidio: un acto de agresión brutal y directo a la mujer producto del sistema patriarcal imperante a través de nuestra historia; como lo define el sociólogo alemán Niklas Luhmann, un fenómeno psicocultural en el que el odio pertenece al código del amor: quien no es correspondido en su amor tiene que odiar a su amada.
Esto sugiere claramente que el feminicidio en gran medida está directamente relacionado al machismo, derecho que cree tener el hombre sobre el cuerpo y la persona de la mujer, datos que sustenta la ONU en un estudio mundial que revela más del 50% de los casos de feminicidio son realizados por parejas sentimentales o familiares.
Claro, el feminicidio puede darse por muchos otros motivos, y como lo define la propia ONU, es la expresión máxima de las violencias basada en género que abarca el maltrato físico y psicológico, económico, violencia sexual, torturas y amenazas. En Colombia incluso se llegó a legislar en el año de 1938 a favor de este tipo de crimen cuando se plasmó en el artículo 382 del Código Penal la figura de uxoricidio por adulterio, que no es otra cosa que permitir al hombre y la familia de la pareja, castigarla severamente y hasta asesinarla por adulterio en defensa del “honor” del hombre.
En nuestro país el feminicidio fue tipificado por la legislación como un delito penal por la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), que será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima.
Recordemos que Rosa Elvira fue secuestrada, golpeada, estrangulada, empalada y asesinada en un parque de Bogotá por un excompañero de estudios en el año 2012, atrocidad que conmovió nuestra sociedad y motivó la promulgación de la Ley. Posteriormente se promulgó la ley 2356 de 2024 que elimina beneficios penales para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención el delito de feminicidio.
La incapacidad de nuestro Estado y la justicia para defender los derechos de las mujeres debe ser visto con gran preocupación, un estado de alerta que la sociedad colombiana debe asumir con prioridad. La Fiscalía General de la Nación reveló en la mesa de seguimiento “Feminicidio y violencia de género” realizada en Barranquilla el pasado 17 de julio, que en lo corrido del año que va de mayo de 2023 a mayo del 2024 se registraron 630 casos de feminicidio y se presentaron 140.000 casos de violencia intrafamiliar.
Van 417 casos de feminicidio en el primer semestre de este año. Datos recientes revelados por la misma Fiscalía dan cuenta de apenas un 32% de condenas del total de denuncias que se interponen por este delito. En el mismo evento, la Procuraduría General de la Nación informó que los departamentos con mayor número de casos son Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico.
En conclusión, podemos decir que, aunque el Estado colombiano ha avanzado en la lucha contra este flagelo desde lo legal con la promulgación de las dos leyes mencionadas, esta es una práctica con profundo arraigo social que exige estrategias adicionales desde diferentes sectores, también aquellos ajenos a lo público.
Es importante avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones civiles en torno a este tema, la transversalidad en todo nuestro sistema educativo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral con igualdad de salarios a los hombres y la consolidación de sistemas de información y seguimiento para proteger a las víctimas de acoso que logre prevenir el feminicidio y todas las formas de Violencia Basada en Género.
“No podemos avanzar todos, si a la mitad se nos deja atrás” Malala Yousafzai.
