Neiva
Alexander Vargas, un investigador asociado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de un convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP), expresó serias preocupaciones sobre el estado del vehículo asignado para su seguridad. Según Vargas, el vehículo ha presentado numerosas fallas técnicas que ponen en riesgo tanto su vida como la de su equipo de seguridad.
Vargas, quien trabaja desde la fundación Colectivo Monroy y colabora con otras organizaciones en beneficio de la JEP, afirma que el vehículo ha quedado inoperativo en varias ocasiones, con problemas recurrentes en los frenos y el sistema hidráulico. Estas fallas han ocurrido en rutas peligrosas, como Villavicencio y el zepartamento del Caquetá, y en situaciones donde el mal funcionamiento casi resulta en accidentes graves.
El investigador detalló que, en los últimos meses, el vehículo ha tenido que ser remolcado en dos ocasiones, una desde Florencia, Caquetá, y otra desde Neiva, debido a problemas técnicos. A pesar de los intentos de reparación, los problemas persisten. Vargas ha comunicado repetidamente a la JEP su negativa a recibir nuevamente el vehículo, alegando que representa un peligro significativo.
Vargas también expresó que la JEP lo ha responsabilizado por no aceptar el vehículo, alegando que su rechazo podría considerarse una desobediencia a las medidas de seguridad establecidas. Sin embargo, insiste en que el vehículo en su estado actual no cumple con los estándares de seguridad adecuados y que cualquier incidente futuro sería responsabilidad de la JEP.
El investigador hace un llamado a las autoridades y al público en general para que se tome conciencia de las condiciones en las que se están proporcionando los vehículos de seguridad bajo la jurisdicción de la JEP. Según Vargas, las decisiones sobre la asignación de estos vehículos no están cumpliendo con los criterios de seguridad necesarios, lo que pone en riesgo la vida de las personas protegidas por la UNP y la JEP.
