Actualidad
El Congreso de la República recibió un proyecto de ley destinado a acelerar y facilitar la transición hacia energías renovables en Colombia. Este proyecto, estructurado por dos profesionales huilenses, se enmarca en los esfuerzos globales por promover fuentes de energía más limpias y sostenibles, en línea con los compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático.
Según los abogados Jhorman y Mauricio Álvarez , la iniciativa busca simplificar el proceso de intervención en inmuebles privados para la ejecución de proyectos de energía renovable, introduciendo mecanismos que permitan resolver posibles controversias de manera más eficiente y equitativa.
El proyecto de ley está orientado a facilitar la transición hacia energías renovables en Colombia, ha suscitado diversas inquietudes entre los propietarios de terrenos. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de perder la propiedad de sus tierras ante la implementación de proyectos energéticos. Sin embargo, este proyecto no implica una expropiación, sino una oportunidad de negociación que puede resultar en beneficios significativos para los dueños de terrenos.
Los propietarios seguirán siendo los titulares de sus tierras, incluso si estas son utilizadas para proyectos de energía renovable. El proyecto de ley establece que, en lugar de vender o ceder permanentemente sus propiedades, los dueños pueden negociar una servidumbre. Esta figura jurídica permite a las empresas utilizar una porción específica del terreno para la instalación de infraestructura energética, a cambio de una compensación económica.
“Esta compensación incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante, lo que significa que se paga por cualquier afectación al terreno y por las ganancias que el propietario dejaría de percibir debido a la intervención en su propiedad”, señaló Jhorman Álvarez, abogado experto en tierras, con especialización en derecho procesal y probatorio y magíster en Derecho de Daños de la universidad de Girona, España.
Además de mantener la titularidad de sus tierras, los propietarios pueden beneficiarse de la valorización del terreno. “La instalación de proyectos energéticos en áreas rurales trae consigo una serie de mejoras en la infraestructura local, como la adecuación de carreteras y el desarrollo de bienes y servicios. La presencia de fuerza pública, mano de obra local y otros factores asociados a estos proyectos pueden transformar el entorno, incrementando el valor de las propiedades cercanas”, resaltó Mauricio Álvarez, abogado especialista en Derecho Petrolero y Minero con maestría en derecho con énfasis en derecho procesal y probatorio y con estudios de negociación de la universidad Harvard.
Otro aspecto a destacar es que el proyecto de ley incluye un mecanismo de arbitraje para resolver las diferencias entre los propietarios y las empresas. Este método alternativo de solución de conflictos es una opción más rápida y amigable que el proceso judicial tradicional. La incorporación del arbitraje tiene como objetivo no solo agilizar la entrega de las áreas necesarias para los proyectos, sino también garantizar que los propietarios reciban su indemnización de manera oportuna, contribuyendo así a una ejecución más rápida de los proyectos energéticos.
El proyecto de ley ha sido impulsado por dos personas oriundas del departamento del Huila, quienes, conscientes de la necesidad urgente de avanzar hacia una transición energética justa, han propuesto esta iniciativa que busca equilibrar los intereses de los propietarios de tierras con los de las empresas interesadas en desarrollar proyectos de energías renovables en el país.
Proyecto ya fue radicado en el Congreso de la República
Por su parte, Miguel Barreto, dirigente senador del departamento del Tolima, quien es el ponente del proyecto, manifestó que, “Es un proyecto de ley que le apuesta a generar confianza a las inversiones para la transición energética. Es claro que en Colombia, varios proyectos se han quedado quietos, y estamos enfrentados a un posible apagón en el año 2025 y 2026, por el tema de consultas previas y licencias ambientales”, enfatizó el congresista.
Agregó además, “lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es manejar todo el tema de servidumbres, que es un problema importante, el 20 % de los proyectos se ha parado por este tema. Hay que acortar procesos. Hace 40 años estamos con los mismos procesos y que se ha demostrado que no son los adecuados. Vamos a descongestionar la justicia, vamos a permitir que las partes que negocian entre los predios, se puede hacer directamente o a través de un arbitraje, que es otro proceso, y no acudir a la justicia. Esto nos va a hacer competitivos, generar confianza inversionista, y que Colombia tenga la energía que se requiere”.
La propuesta busca no solo evitar un potencial racionamiento de energía en los próximos años, sino también crear un marco legal que favorezca el desarrollo económico y social en las zonas rurales donde se implementen estos proyectos.
