Por: Edwin Renier Valencia Rodríguez
Opinión
Colombia vive hoy un momento político crucial. Las tensiones entre los poderes del Estado, el papel de los organismos de control, la relación entre el Ejecutivo y los entes territoriales, y la creciente personalización de la política están configurando un escenario que merece atención y reflexión profunda.
Las decisiones unilaterales del presidente —como el manejo personalista del proyecto del metro de Bogotá o la intervención directa en las tarifas de energía— son síntomas de un liderazgo que, aunque legitimado por el voto popular, parece estar sobrepasando los márgenes del consenso democrático. Esta actitud, como bien apunta el artículo, recuerda a los tiempos de monarcas absolutos, donde “el Estado soy yo” no era una metáfora sino una realidad.
Pero este fenómeno no es exclusivo del nivel nacional. En el ámbito regional y local, también estamos viendo señales preocupantes. Gobernadores y alcaldes que replican estos modelos centralistas, decidiendo de forma vertical y sin construir espacios reales de participación ciudadana.
En los territorios, estas prácticas pueden tener efectos devastadores. Cuando las decisiones sobre el uso del suelo, la inversión en infraestructura o el destino de los recursos del Sistema General de Participaciones se toman entre pocos y sin diálogo con la ciudadanía, no solo se erosiona la confianza en lo público, sino que se desaprovecha el verdadero capital de nuestras regiones: la inteligencia colectiva y la participación activa de sus habitantes.
Por eso este debate es más que pertinente. Porque si algo nos enseña la historia reciente de América Latina es que la concentración del poder —así sea con buenas intenciones— termina por debilitar la democracia.
La pregunta es si vamos a permitir que nuestras ciudades y departamentos se gobiernen desde la lógica del caudillo o si vamos a defender con firmeza y convicción la idea de un país de muchos ciudadanos.
Pero esta no es una discusión exclusiva del nivel nacional. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Tolima o Nariño, y en regiones intermedias como el Eje Cafetero, los Llanos Orientales o el Macizo Colombiano, también se manifiestan prácticas de gobierno que a veces privilegian la figura del mandatario sobre los procesos de construcción colectiva. Las decisiones tomadas en gabinetes cerrados, los contratos adjudicados sin diálogo ciudadano y la poca articulación con organizaciones sociales, ambientales y comunitarias son ejemplos cotidianos de una democracia debilitada.
Esta forma de gobernar tiene consecuencias reales sobre el desarrollo territorial. El centralismo, cuando se impone desde Bogotá o desde las capitales departamentales, invisibiliza las necesidades de las zonas rurales, de los corregimientos, de los pequeños municipios, y deja por fuera a actores fundamentales: campesinos, mujeres, jóvenes, pueblos étnicos y emprendedores locales.
Los retos que enfrentamos como nación —crisis climática, transición energética, seguridad, educación, empleo— no pueden resolverse desde una única voz. Requieren de un coro diverso, informado, crítico y comprometido. Y ese coro nace desde los territorios, desde los departamentos, desde las comunidades que han sostenido históricamente el tejido social del país. Invito a la sociedad civil con pensamiento objetivo a empoderarse para no dejar que quienes vivan de la politiqueria y formados para ella, sigan manipulando tomando decisiones en beneficio personal o de sus grupos.
