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El representante a la Cámara por el departamento del Huila, Julio César Triana, denunció el uso de más de 302 mil millones de pesos del Presupuesto General de la Nación entre los años 2023 y 2025 para financiar la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sin que, según él, hasta la fecha se hayan presentado resultados tangibles o avances significativos en los procesos de diálogo con los grupos armados ilegales.
Según Triana, estos recursos fueron asignados directamente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entidad encargada de liderar las negociaciones con organizaciones armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros actores ilegales. “Siempre advertimos que la política de paz total del presidente Petro era un absoluto fracaso. Lo que nunca nos imaginamos es que entre 2023 y 2025 se hubieran destinado más de trescientos dos mil millones del presupuesto general de la nación a la Oficina del Alto Comisionado, para absolutamente nada, porque no hay logros, no hay avances”, afirmó el congresista.
Dentro de los gastos señalados por el legislador, se destacan cerca de 9 mil millones de pesos invertidos en viáticos y tiquetes, así como más de 25 mil millones destinados exclusivamente a las mesas de negociación con el ELN. Según indicó, estos montos no han sido acompañados por resultados concretos, acuerdos verificables ni mejoras en la situación de seguridad en los territorios afectados por el conflicto.
Triana también criticó que, mientras se incrementaban los recursos para las negociaciones de paz, el Gobierno Nacional recortaba el presupuesto asignado a la fuerza pública. De acuerdo con el congresista, estos fondos estaban dirigidos a la adquisición de tecnología y a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, con el fin de mejorar su respuesta ante amenazas a la seguridad de los ciudadanos.
El congresista presentó estas denuncias ante la opinión pública con base en cifras oficiales sobre la ejecución presupuestal del actual gobierno, y advirtió sobre la necesidad de un control más estricto del uso de los recursos asignados a los procesos de paz. “La paz debe construirse con hechos, no con gastos sin control ni resultados”, concluyó.
