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Las graves inundaciones provocadas por la apertura simultánea de las compuertas de las represas El Quimbo y Betania continúan generando impactos en comunidades ribereñas del departamento del Huila, mientras se multiplican los cuestionamientos por la falta de previsión, protocolos claros y medidas de mitigación por parte de las autoridades y del operador del sistema, ENEL Colombia.
Durante una reciente sesión de control político en la Asamblea Departamental del Huila, líderes comunitarios, diputados, alcaldes y representantes de entidades ambientales expusieron la magnitud de los daños, al tiempo que reclamaron respuestas concretas frente a lo que califican como una tragedia evitable.
Según testimonios recogidos, el súbito incremento del caudal del río Magdalena dejó múltiples viviendas destruidas, cultivos arrasados y medios de subsistencia perdidos. Mayerly, una habitante afectada de Puerto Seco, relató: “Me avisaron 20 minutos antes porque no había señal, cuando ya el río venía creciendo. Yo como pude avisé a las personas que alcancé, pero muchas familias lo perdieron todo”. En su caso, su vivienda quedó completamente destruida.
De acuerdo con datos preliminares, más de 70 familias habrían resultado damnificadas solo en ese sector. En varios puntos del departamento, se reportaron daños a viviendas, vías rurales, sistemas de riego y cultivos de plátano, arroz y cacao.
El abogado Javier Roa, especialista en gestión del riesgo, planteó que la situación requiere medidas urgentes por parte del Gobierno Departamental. “Se debe declarar la calamidad pública, activar los sistemas de alerta, revisar planes de contingencia y evaluar una posible reubicación de las poblaciones aguas abajo. Esto no es accidental, es consecuencia del cambio climático y de una operación sin previsión técnica adecuada”, señaló.
Roa también advirtió sobre la falta de un “colchón de seguridad” en el embalse de Betania, que debió haberse previsto para absorber crecientes extraordinarias del río Páez. “Nunca se dejó ese margen de seguridad, a pesar de que las crecientes del río son conocidas. Eso debió haberse tenido en cuenta desde el diseño del proyecto”, explicó.
El jurista afirmó que, en los días más críticos, el desembalse alcanzó picos de hasta 4.700 metros cúbicos por segundo, muy por encima del caudal promedio del río, que es de 1.750 m³/s. “Eso representa un aumento de casi el 300%. Es una cantidad de agua que no tiene por dónde canalizarse, y el río, como tiene memoria, vuelve a su cauce”, expresó.
Desde la Asamblea del Huila también se elevó el tono del reclamo. El presidente de la Asamblea, diputado Sergio Trujillo, manifestó que la sesión fue convocada con total empatía y responsabilidad frente al contexto actual. “ _Este debate es para eso, para partir de aquí hacia un verdadero plan de acción… no más comunicados. La gente está cansada y tiene toda la razón_ ”, expresó Trujillo, quien además propuso escalar el debate a nivel nacional mediante la creación de una mesa técnica con participación del Congreso.
El diputado Armando Acuña anunció que solicitará investigaciones ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. “Aquí se atentó contra la vida y la propiedad de los ribereños. ENEL debe responder penal y administrativamente por incumplir los protocolos de manejo de los embalses”, afirmó.
El líder social Miller Dussán recordó que desde hace más de una década se venía advirtiendo sobre los riesgos asociados a la operación de las represas. “El Consejo de Estado acaba de ratificar que los estudios de ENEL no fueron técnicamente sólidos. El Huila merece una compensación real”, manifestó.
El subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM, Juan Carlos Ortiz Cuéllar, indicó que la corporación ha insistido en la necesidad de actualizar los escenarios de riesgo y establecer protocolos técnicos frente a situaciones extremas. “No bastan alertas generales. Se necesitan acciones reales, estudios actualizados y comunicación oportuna”, dijo.
La Asamblea concluyó la sesión con la conformación de una Comisión Accidental para trazar una hoja de ruta que permita afrontar la crisis con un enfoque integral, con participación de comunidades, autoridades locales, la CAM y representantes del Gobierno Nacional.
Entre tanto, persiste el llamado a que ENEL Colombia y el Estado asuman responsabilidades. Como lo expresó Javier Roa, “si el dueño del proyecto no responde, tendrá que hacerlo el Estado colombiano, porque la gestión del riesgo no se improvisa”.
La situación continúa en desarrollo, mientras las comunidades afectadas siguen esperando ayuda, reparación y garantías para que una emergencia de esta magnitud no se repita.
