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Dignidad Agropecuaria denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio a los molineros de arroz por presuntamente desconocer los acuerdos del paro arrocero, al pagar el grano por debajo del precio oficial. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, confirmó las quejas y advirtió que quienes incumplan la resolución enfrentan sanciones.
La denuncia fue presentada luego de que varios productores reportaran que los molinos estarían pagando por debajo del precio establecido en la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura, la cual fijó un valor mínimo de compra para el arroz paddy verde. Según los voceros de Dignidad Agropecuaria, la situación constituye un incumplimiento directo a los compromisos pactados durante la movilización que se desarrolló en 2023 y que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado.
La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, confirmó que el Ejecutivo ha recibido quejas en la misma dirección y explicó las medidas adoptadas para proteger a los productores. “Recordemos que es una industria bastante concentrada en ese mercado, que absorbe la cosecha, y no estaba cumpliendo con los acuerdos del paro sino la regulación del precio que el Ministerio de Agricultura hizo del paddy verde que nuestros productores llevan a los molinos en virtud de los acuerdos sostenidos por quienes se movilizaron en el paro arrocero”, afirmó.
Carvajalino señaló que el mercado del arroz enfrenta actualmente una coyuntura compleja por factores internacionales y locales. Entre ellos, mencionó la sobreproducción mundial de más de 500 millones de toneladas, la reaparición de India en el mercado con el arroz paddy y la caída de los precios en varias regiones del país. “Pese a que se había mantenido el consumo, las importaciones bajaron en 2025 y eso llevó a un precio muy bajo en junio, fundamentalmente en una de las zonas de los Llanos”, explicó en entrevista con la emisora La W.
Ante ese escenario, el Gobierno decidió aplicar el régimen de libertad regulada de precios, con el cual se estableció un valor mínimo de compra del grano para evitar que los agricultores se vieran afectados. “Lo que encontramos en junio fue una caída muy importante del precio, y en ese marco sometimos a la cadena al régimen de libertad regulada”, añadió la ministra.
De acuerdo con la funcionaria, el Ministerio ha trasladado las quejas de los productores a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de vigilar y sancionar a quienes incumplan la resolución. Al mismo tiempo, se han abierto espacios de concertación entre los diferentes actores de la cadena. “Hemos sostenido ya dos consejos ampliados de arroz y tenemos nuestra mesa técnica de seguimiento. Lo que nos ha manifestado Fedearroz es que se está construyendo un diálogo entre la industria y los productores con el objetivo de llegar a un acuerdo claro”.
La ministra recordó que al inicio de la vigencia de la resolución se presentaron dificultades en la recepción del arroz por parte de los molinos, lo que generó largas filas de camiones en las entradas de algunas plantas. Con el paso de las semanas, explicó, se han implementado diferentes mecanismos de compra, que actualmente son objeto de evaluación para determinar si constituyen un incumplimiento o si requieren una nueva reglamentación por parte del Gobierno.
La jefe de la cartera insistió en que la prioridad es mantener la estabilidad de la cadena productiva del arroz, uno de los cereales más importantes para el consumo interno. “Necesitamos que todos los actores de la cadena —productores, transformadores y comercializadores— lleguen a un acuerdo frente a las distorsiones evidentes que hoy tiene el mercado, para garantizar que los productores puedan mantener un ingreso que les permita reiniciar sus ciclos de cosecha, que la industria pueda mantener su capacidad de absorción y que podamos conservar el arroz blanco en la mesa de los colombianos a un precio justo”.
Finalmente, reiteró que la resolución que regula el precio mínimo de compra es de obligatorio cumplimiento y advirtió que quienes no la respeten se exponen a sanciones. “Quienes compren el arroz por debajo de ese precio están sometidos a sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
