Redacción La Última
A la mitad del límite de la prescripción de la acción penal, se cumplen cuatro años luego del espectacular show de captura de los concejales por parte de la Fiscalía.
Está en manos de la Fiscalía, el juicio oral de los concejales y exconcejales Deiby Martínez, Ovidio Serrato, Dolcey Andrade, Carlos Sterling, Luis Eduardo Penagos, Roberto Escobar, Marco Alirio Carrasquilla y Jesús Garzón Rojas como coautores del delito de cohecho propio, en un proceso donde la Fiscalía utilizó toda la artillería y un show mediático, para demostrar resultados. Pues bien, hoy el ente acusador no pude caer en el precipicio, en el abismo de la prescripción de la acción penal.
Veamos lo que taxativamente enuncia el Código Penal Artículo 83. término de prescripción de la acción penal:
“La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no excederá el límite máximo fijado”, señala la norma.
Es decir, serían siete años y medio, cumpliéndose cuatro, quedarían tres años y medio, para hacer efectivas el trámite del proceso condenatorio.
Mientras tanto la Procuraduría archivó el proceso disciplinario venciéndose la prescripción de la acción disciplinaria que son 5 cinco años, adelantando solo la acción contra el excontralor Hildebrand Perdomo. Recordemos porque se extingue la Acción disciplinaria. Código Disciplinario Único. Artículo 29. Causales de extinción de la acción disciplinaria:
“Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: Se especifican las causales de extinción de la sanción disciplinaria las cuales son: muerte del sancionado, rehabilitación y prescripción, en punto a esta última la sanción prescribirá en un término de 5 años contados a partir de la ejecutoria del fallo”, reseña la norma.
Si se tiene en cuenta que la apertura de la investigación se inició el 9 de Enero de 2016, es decir la acción disciplinaria, prescribió hace más de dos años. Así las cosas, la Procuraduría abrió investigación solo contra Hildebrand Perdomo Fernández por falta disciplinaria. Encontrando que presuntamente accedió al cargo público de Contralor, estando posiblemente, en inhabilidad para ser inscrito y elegido en el cargo público, y haber actuado como tal a pesar de ella.
Hoy se está a la espera del desarrollo de audiencia de juicio oral, en donde están implicados los actuales concejales, Jesús Garzón y Deiby Martínez.
Antecedentes
Desde el 2015, el Tribunal Superior Sala Penal dejó en firme la acusación contra el ex contralor José Hildebrand Perdomo Fernández y el comerciante Rened Cantillo Álvarez.
Hildebrand, fue acusado por la presunta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso con cohecho por dar y ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, en calidad de determinador. Por su parte, Cantillo Álvarez, por la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo.
Según la Fiscalía, las coimas que se venían perfilando con todo un entramado de sobornos desde la Universidad Surcolombiana, tuvo su génesis con el convenio que firmó el ex concejal imputado, Luis Eduardo Penagos sin la autorización de la mesa directiva.
Los concejales ‘prepago’ tenían su precio desde los 15 millones de pesos, los nuevos, los veteranos, y los indecisos, todo un pacto secreto, para el pago de las prebendas, dinero ,cargos y contratos, los cerebros el exdiputado Oscar Urueña, ya fallecido, el exconcejal Carlos Sterling, Hildebrand y el comerciante de café Rened Cantillo, con ellos se habría garantizado el pago del billete.
En vida el ex Concejal Urueña actuó como enlace entre sus antiguos compañeros del Concejo, los candidatos y el comerciante Rened Cantillo.
Los dineros los habría aportado el empresario Rened Cantillo, conocido como ‘El hombre del maletín’.
“Cantillo, de común acuerdo con los candidatos, ofrecía el pago de dinero, gestión en nombramientos y contratos con entidades públicas y privadas, a cambio de que ellos ejecutaran actos contrarios a sus deberes oficiales, en los procesos de elección de Contralor y Personera”, reseñó la Fiscal 12.
El entramado de las pruebas de conocimiento desde la USCO
El médico Luis Antonio Medina Arias fue quien quién habría facilitado la maniobra para favorecer a los dos funcionarios, miembros del mismo equipo y amigos personales, Hildebrand y Heidy, inicialmente, con todo un entramado de favorecimiento aseguraron que Heidy Lorena fuera la Personera y efectivamente fue elegida el 8 de enero de 2016 al haber ocupado según la Fiscalía en forma irregular, el primer lugar en un supuesto concurso al que asistieron 47 candidatos.
El Concejo de Neiva, hizo la vuelta, modificó la estructura y criterios de selección del concurso pasando de ser un concurso de méritos a una convocatoria pública.
El cáncer de corrupción llevó a la mesa directiva de la época a evaluar a quienes presentaron las reclamaciones un software especializado en detectar que resultó anómalo, esta herramienta no estaba estipulada en la reglamentación de la convocatoria. De esa manera llegó Hildebrand a la Contraloría municipal; con entramado de asesores de la Usco y con el ‘hombre del maletín’, Cantillo, para hacer efectivos los sobornos, las coimas y los votos.
Cargando el delito, los cerebros de la operación, desaparecieron los consolidados finales y la tabulación de los resultados destruidos para no dejar prueba. Luego compraron las pruebas a una empresa privada y con asesores externos direccionaron y manipularon las pruebas que pagaron particulares. La empresa privada Psigma Corp, vendió las pruebas de competencia laborales.
La fiscal Lozano imputó cargos a Hildebrand y a la recordada ex personera Heidy.
Acelerador al proceso
La jueza María del Pilar Ochoa le imprimió celeridad al proceso, pero lo torpedearon todas las actividades de investigación, de persecución penal, para empezar de cero. Durante los días 25 y 26 de Noviembre de 2021 se avanzó en la etapa de acusación.
Recordemos que la Juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, María del Pilar Ochoa decretó la preclusión de la acción penal contra el ex diputado Oscar Urueña Medina, quien falleció el 8 de septiembre pasado.
Pero el proceso ha estado marcado por las maniobras de abogados de la defensa y del aplazamiento por parte de los fiscales y los jueces.
De alargue en alargue la Fiscalía
La crítica situación, se registra después de Cuatro años que se cumplen hoy, de la captura de los concejales y particulares implicados en el caso, en medio de un show mediático, realizado en plena sesión de la corporación el 23 de agosto de 2018.
Increíblemente, el escrito de acusación fue presentado el 20 de diciembre de 2018 (cuatro meses después de las capturas de los 15 involucrados). Pero inició el 5 de mayo de 2019 y terminó, dos años después, el 3 de mayo de 2021.
Veamos el escrito de acusación
Si bien las sombras de la corrupción silguen latentes en el Concejo de Neiva. La pandemia, la cuarentena tuvo sus efectos y estas favorecieron de lleno a los cconcejales y destaca la paquidermia de la Fiscalía, han pasado cuatro fiscales seccionales, que poco o nada han dado celeridad a ese compromiso, la Fiscalía ha dejado la etapa de investigación para proceder a la persecución penal. De la prueba cierta y contundente ha tenido todo sus desaciertos y errores.
