Por: Juan Camilo Morales Conde
No quiero ni imaginar, la cantidad de procesos adelantados contra jueces y magistrados en Colombia, escogidos por un “voto popular”, el mismo que durante décadas ha sido comprado por delincuentes políticos, que además, en varias zonas del país, ni siquiera se puede decir que son comprados, sino, impuestos por organizaciones armadas ilegales, que a punta de amenazas escogen a aquellos que quieran poner en el poder, para generar “soberanía” sobre esas regiones marginales, en donde los gobiernos de turno, han perdido espacios para gobernar.
Mientras el país está envuelto en serios problemas, como la “seguridad” del Estado a manos de guerrillas, bandas de narcotráfico, delincuencia común, desabastecimiento de energía y gas, desempleo y falta de oportunidades para la adquisición de vivienda, el Presidente de la República Gustavo Petro, propone temas innecesarios, como lo es la elección popular de Jueces, intentando seguir formas similares de países como Bolivia y ahora México, este último con la reforma insignia del expresidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, la cual, ordena la elección de más de 1.600 jueces, a mediados del año 2025. Toda una incertidumbre en la independencia de la justicia, y más en un país manejado por el narcotráfico.
En Bolivia, las cifras de elecciones de jueces no han sido muy alentadoras, pues desde que se adoptó este sistema en la reforma a la Constitución de 2009, por el entonces Expresidente de izquierda Evo Morales, hoy investigado por la justicia boliviana por delitos sexuales con menores y trata de personas, esta forma de elección, no ha contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los más de 1098 aspirantes que aparecen en las boletas.
Revisen esta cifra: En Colombia, hay alrededor de 3.246 jueces, dos veces más que en Bolivia. Si ya de por sí, hoy, asistir a las urnas es un suplicio para muchos colombianos, y que el abstencionismo electoral es extremadamente grande, no se imagina uno, yendo a las urnas a votar por candidatos a jueces, quienes de manera previa hicieron campaña en las cárceles, y fueron financiados por los criminales más peligros del país, para que archiven las investigaciones en su contra. Pero a eso hay que sumarle que, en los procesos de elección popular de jueces de los países mencionados anteriormente, se obliga a la ciudadanía a salir a votar por delincuentes. Y nos basta con la cantidad de políticos pícaros que se eligen cada dos años.
Hoy, Colombia no está preparada para poner sobre la mesa este tipo de propuestas. Las condiciones de corrupción e inseguridad, no permitirían que los procesos fueran realmente democráticos, legales y libres de cualquier opresión al pueblo colombiano para decidir. La división de poderes y la autonomía de la justicia estarían en total riego, al igual que la vida de los ciudadanos, a manos de los financiadores de semejante adefesio. No, Presidente, no hay la mínima posibilidad de que ese tipo de ideas sean viables en un país violento como en el que vivimos.
