Redacción La Última
Luego de la reunión de esta mañana de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los dineros públicos de la salud en algunas EPS.
La Fiscalía ordenó la conformación de un Equipo Especial Conjunto de fiscales, expertos y peritos de las Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que adelante esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación, UPC, por parte de algunas EPS.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República.
El informe de auditoría de la Contraloría asegura que 18 EPS gastaron casi 9 billones de pesos durante estos años en rubros que no tuvieron que ver con atención en salud. El informe lo reveló la Revista Cambio.
Lo que se encontró es que entre 2020 y 2021, durante la pandemia, 18 de las 26 EPS que hay en el país, habrían desviado 9 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) —que es lo que paga el gobierno a la EPS por cada paciente afiliado— y otros gastos por fuera de la plata que el gobierno les destina para que presten sus servicios.
También encontró irregularidades como anticipos girados a las EPS a sus propias clínicas y hospitales, así como la aprobación de millones para los pagos a esas Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) que nada tenían que ver con los servicios que se habían prestado.
La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría acordaron trabajar articuladamente en defensa de los recursos de la salud, para empezar, por iniciativa de la Fiscalía en la definición de las rutas del dinero y sus respectivos usos.
