Redacción La Última
Un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila imputó cargos por el delito de peculado por apropiación a cuatro personas, de las cuales tres son integrantes de una misma familia, por el caso de la gerencia de vivienda que el Banco Agrario ofertó para los subsidios de interés social rural de Tarqui y Suaza (Huila) en el 2015, que no se ejecutó en su totalidad.
Se trata de Adriana Marcela Peña Saavedra, su madre Alicia Saavedra Perdomo, su tío Jaime Saavedra Perdomo y Diana Cedeño Chicaiza, quienes desempeñaron diferentes roles en el caso. El peculado, según lo estimado por los peritos del Grupo de Administración Pública y de Criminalística del CTI, asciende a más de 2.000 millones de pesos.
Se estableció que de 289 viviendas solo 64 fueron intervenidas; 29 en Tarqui y en Suaza 35, por un valor superior a los 900 millones de pesos. Las irregularidades según los expertos, habrían incidido en el manejo inapropiado de las 8 cuentas en las que el banco giró los recursos para igual número de proyectos (más de 3.000 millones de pesos), pues quedó la firma de Jaime Saavedra Perdomo como única persona autorizada para realizar giros, cuando era Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio quien debía tener esta potestad.
Fue así como el procesado presuntamente firmó la emisión de 70 cheques que en su mayoría fueron girados a nombre de diversas personas naturales, entre ellos hermanos y sobrinos, y personas jurídicas, que no tuvieron ninguna relación con la ejecución del objeto convenido.
De igual manera se giró así mismo y a la contratista. También se registraron abonos para la compra de vehículos y de equipos de oficina; elementos que no aportaban a la ejecución del contrato.
El proyecto
Los hechos imputados habrían ocurrido entre los meses de septiembre del año 2014 a abril del año 2016, cuando la entidad crediticia en mención, la cual tiene la condición de otorgar y administrar el subsidio familiar de vivienda rural, dio apertura al procedimiento de solicitud pública de ofertas GV VISR-2014-004, para quienes estuvieran interesados en contratar las funciones de Gerencia Integral, que se encargaría de desarrollar y administrar los recursos de los mencionados subsidios.
La gerencia le fue otorgada a un consorcio representado por Adriana Marcela, con quien el Banco Agrario de Colombia, el 29 de mayo de 2015 en Bogotá, suscribió el contrato de Gerencia Integral C-GV2014-106 a través del cual la contratista se comprometió a realizar las funciones de Gerencia Integral para la administración de los recursos públicos destinados a 8 proyectos en dos municipios del Huila, como lo son Tarqui y Suaza.
El consorcio fue conformado por una cooperativa de profesionales representada en su momento por Jaime Saavedra Perdomo y una entidad sin ánimo de lucro, representada por Diana Paola Cedeño Chicaiza.
Para este caso le correspondió la administración y el manejo de los recursos de vivienda de interés social rural para 289 soluciones de vivienda, divididos en ocho proyectos: cuatro para Suaza y cuatro para Tarqui.
Los recursos destinados provenían del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, cuyo valor fue de $5.264.532.964.42 por concepto del subsidio y la contrapartida, y $137.287.000 por concepto de comisión por administrar esos recursos públicos, con término de ejecución de 8 meses contabilizados a partir del primer desembolso.
Ninguno aceptó los cargos enrostrados por la delegada fiscal.
