Redacción La Última
La Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ratificó la imputación hecha por la Sala de Reconocimiento. En su examen de correspondencia, estableció que el crimen de esclavitud, en el marco de los secuestros cometidos por la extinta guerrilla, fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
La sección determinó que existen méritos para considerar que los miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP, seleccionados como máximos responsables, cometieron crímenes de lesa humanidad de tortura y otros actos inhumanos como violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.
Con esta decisión el Tribunal para la Paz de la JEP avanza en el juicio contra el antiguo secretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, y de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, en el marco del conflicto armado; cuya responsabilidad reconocieron los siete imputados en audiencia pública en junio de 2022.
El presidente de la Sección de Reconocimiento, magistrado Camilo Suárez, explicó que, en su análisis de correspondencia, la sección concluyó que quienes integraron el antiguo secretariado de las Farc-EP “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”, pues ellos tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Esta calificación del crimen de esclavitud se sustenta en que los trabajos forzados impuestos por los miembros de las antiguas Farc-EP se caracterizaron por la imposibilidad que tenían las víctimas de cambiar su condición por la coerción, el temor, las amenazas y las restricciones físicas a su libertad individual que, en medio del cautiverio, “les anularon su personalidad jurídica como individuos”.
En su examen de correspondencia, que tuvo en cuenta la armonización entre el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional, garantizando y respetando los principios de legalidad y favorabilidad, la Sección de Reconocimiento ratificó que, en casos puntuales, las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos en contra de su voluntad, ya sea como castigo, control territorial o para favorecer a la organización guerrillera.
La sección también ratificó que la antigua guerrilla de las Farc-EP adoptó unas políticas de privación de la libertad para financiarse, forzar el canje por guerrilleros presos y para controlar territorios y poblaciones, las cuales derivaron en profundas afectaciones a la sociedad colombiana; pero, particularmente, afectaron a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.
Las víctimas perdieron bienes y proyectos de vida, así como relaciones humanas por la muerte o desaparición de sus familiares. Además, las víctimas sufrieron serias consecuencias a su integridad física, psicológica, psíquica y moral, como consecuencia de los malos tratos y de los crímenes concurrentes sufridos durante el secuestro.
La ratificación de esta imputación recae sobre: Rodrigo Londoño Echeverri, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Rodrigo Granda Escobar.
Ahora, la sección convocará a los imputados a una Audiencia de Verificación con la participación de las víctimas, en la cual se comprobará que los comparecientes estén cumpliendo con su compromiso de contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz.
