Redacción La Última
El yerro del Gobierno Nacional en la liquidación del Presupuesto General de la Nación para 2024 a través del decreto 2295 de 2023, tiene en jaque a gran parte del sector de infraestructura del país. Este decreto constituye la base para ejecutar el presupuesto durante este año. No obstante, muchos proyectos que ya tienen comprometidas vigencias futuras quedaron por fuera, entre ellos varios cruciales para el Huila.
Cabe recordar que el Presupuesto General de la Nación – PGN quedó aforado en $502 billones, de los cuales $16,7 billones corresponden al sector transporte. De esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.
Proyectos en el Huila que quedaron fuera
Entre las obras que están en esta momento en el limbo por no haber quedado incluidas en el decreto de liquidación están:
- La concesión 4G ( Neiva – Pitalito – Mocoa – Santana $296 mil millones)
- Vía Neiva – San Vicente del Caguán
- Circuito eco turístico Pitalito – San Agustín – Isnos – Popayán
- Vía La Plata – Totoró – Popayán
- Carretera Colombia – La Uribe
- Gestión del riesgo por flujo de lodos (prevención de avalanchas del Nevado del Huila)
- Implementación del sistema estratégico de transporte de Neiva.
Preocupación inversionista
A raíz de esta situación, la Cámara Colombiana de Infraestructura ha manifestado su preocupación pues considera que el Gobierno nacional ha omitido la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo.
Advierte la CCI que, de manera sorpresiva, recientes anuncios del señor ministro de Hacienda señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizarían de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos. Lo anterior, se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá, podría quedar en vilo.
Ya está ocasionando estragos
El panorama ya es critico, se advierte parálisis en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos.
También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.
El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones.
Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse.
En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del año 2024, por 2 billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año.
Lo anterior, afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos.
Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre.
A la luz de todo lo anterior, señala la CCI que se afecta la confianza inversionista y la seguridad jurídica, pues esta circunstancia podría, no solo poner un freno de mano al propósito inaplazable de la reactivación económica, sino también a la continuidad y avance de un modelo -el de las APP- que, durante los últimos 30 años, ha permitido para bien, superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte.
Así las cosas, a menos que el gobierno nacional corrija ese decreto, todas esas obras – varias en marcha – quedan con grave riesgo.
