Redacción La Última
La Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes de 22 municipios del Huila a realizar las gestiones pertinentes para garantizar el derecho a la salud e integridad personal de los afiliados y usuarios trasladados de la EPS Comfamiliar a otras EPS receptoras, tras su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, hizo el requerimiento para velar por la prestación de un servicio de calidad a los usuarios, especialmente a la población vulnerable del régimen subsidiado.
El Ministerio Público reiteró a los distintos alcaldes su obligación legal relacionada con la inspección, vigilancia, control y habilitación de los servicios de salud en sus municipios, y con ello garantizar el acceso efectivo, integral, oportuno y de calidad a los afiliados a las EPS.
El órgano de control precisó que en el caso de que se hubiesen presentado incumplimientos o interrupciones en los tratamientos médicos subsanen esa situación de manera inmediata, “informándole al afiliado la ruta de acceso al servicio que requiere con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad humana”.
El requerimiento fue enviado a los alcaldes de los municipios de Acevedo, Altamira, Agrado, Garzón, Gigante, Tarqui, Pital, Guadalupe, Suaza, La Plata, La Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia, Timaná, San Agustín, Isnos, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Pitalito y Elías.
