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Tras el reciente anuncio del Presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Central en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, el Representante a la Cámara Julio César Triana, presentó una radiografía de lo que está ocurriendo en varias regiones de país, con el fin de enviarle al Gobierno Nacional una petición formal para que esta decisión se extienda a todo el territorio nacional.
Dentro de las cifras reveladas por el congresista, resaltó la difícil problemática que están padeciendo las regiones de Colombia. Mientras a nivel nacional el aumento de la extorsión es del 12%, en las regiones este delito ha presentado un incremento que llega casi al 40%. En cuanto al secuestro extorsivo, expuso que ha venido incrementando de manera acelerada: el 2023 cerró con 219 casos mientras que en el 2022 la cifra fue de 141 casos, lo cual representa un incremento del 55.3%.
‘Pareciera que a este gobierno no le importara que se haya normalizado la abominable práctica de la extorsión y el secuestro extorsivo en Colombia, que son un claro ejemplo del incumplimiento del cese al fuego por parte de las disidencias de las FARC. En las zonas rurales las personas están amedrentadas siendo víctimas de boleteo, carnetización, secuestro y extorsión’, afirmó Triana.
‘En el Huila, más de 84.000 familias cafeteras están limitadas en sus labores porque están siendo carnetizadas y extorsionadas. Ya la extorsión no afecta solo al gran empresario sino al pequeño agricultor, al comerciante, al emprendedor y al ciudadano de a pie’, añadió.
En este mismo sentido, el congresista denunció que el cese al fuego no solo está siendo utilizado por los grupos al margen de la ley sino por la delincuencia común, quienes se amparan en las negociaciones de paz para delinquir sin que la Fuerza Pública pueda actuar.
