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Mientras Ariel Rincón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila, insiste en que la entrega de información se hace conforme a los estatutos de la entidad cameral, el tribunal dice lo contrario en el reciente fallo que confirmó la sentencia de primera instancia.
La reciente sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior de Neiva ordenó a la Cámara de Comercio del Huila entregar la información solicitada, poniendo de manifiesto su deber de transparencia y cumplimiento de la ley.
El Tribunal Superior de Neiva determinó que la Cámara de Comercio del Huila no cumplió con su obligación legal de responder en su totalidad a la solicitud de información presentada por los empresarios Armando Cuéllar Arteaga, Oswaldo Calderón Trujillo y José Humberto Bocanegra. A pesar de que la Cámara cuenta con un procedimiento especial en sus estatutos, el Tribunal consideró que este procedimiento no puede contravenir lo establecido en la Constitución Política de Colombia. Además, la Cámara no argumentó que la información solicitada estuviera sujeta a reserva legal, por lo tanto, no está exenta de proporcionar una respuesta de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley estatutaria 1755 de 2015.
Los empresarios accionantes reclamaron que la Cámara de Comercio les negó información relevante para formular propuestas que podrían contribuir a mejorar la entidad. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, decidieron recurrir al Juzgado de Familia de Garzón, alegando que se había vulnerado su derecho fundamental de petición. El Tribunal determinó que los accionantes no actuaron con temeridad, ya que las peticiones que se presentaron ante el juzgado correspondían a diferentes fechas y tenían distintos propósitos.
La decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, emitida el mes pasado, requería a la Cámara de Comercio de Neiva entregar la información que se les había negado a los tres directivos. Sin embargo, la Cámara presentó una impugnación argumentando que no se habían agotado los mecanismos tecnológicos disponibles para acceder a la información y que no se habían cumplido los requisitos legales para presentar una acción de tutela contra una entidad privada.
En su escrito de impugnación, la Cámara de Comercio argumentó que la información solicitada correspondía a la sociedad Promotora Zona Franca Andina SAS, ahora Zona Franca Surcolombiana SAS, y que los accionantes no se encontraban en una posición de subordinación o indefensión, ya que eran miembros de la Junta Directiva, el órgano de dirección más alto de la institución.
Posteriormente, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva ordenó a la Cámara de Comercio del Huila que respondiera de manera clara, completa y sustancial a la solicitud de información presentada el 22 de marzo de 2023. La Cámara presentó una respuesta detallada el 12 de mayo, incluyendo documentos relacionados con el proyecto de inversión de la fachada Huila E, actas de la junta directiva, contratos de remodelación y estados financieros de la sociedad Zona Franca Andina.
En conclusión, el caso de la Cámara de Comercio de Neiva ha evidenciado un desgaste a la justicia y ha revelado presuntas prácticas de ocultamiento de información. La sentencia del Tribunal Superior de Neiva, que ordena a la Cámara entregar la información solicitada, destaca la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley en las instituciones privadas. Este caso también resalta la relevancia del derecho de petición como un pilar fundamental de la democracia y el acceso a la información en Colombia.
[Para entrar en contexto. Si desea leer más sobre este contenido consulte el siguiente link: https://laultima.com.co/2023/05/11/fallan-tutela-contra-la-camara-de-comercio-del-huila-por-vulnerar-el-derecho-a-la-peticion/]
