Política
Conmoción causó la alocución del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde anunció que convocará a una consulta popular para que el pueblo decida sobre el futuro de las reformas laboral y de salud que su gobierno ha impulsado. La declaración llega luego de que la ponencia negativa de la reforma laboral fuera radicada en el Senado, lo que significa el virtual hundimiento de la iniciativa en su tercer debate.
“El bloqueo institucional se le responde con democracia real y la decide el pueblo. El Gobierno va a convocar a una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma de la salud. Que sea el pueblo el que decida”, afirmó Petro en su intervención. En sus palabras, señaló que las leyes determinan el proceso para convocar una consulta popular y, según él, el proyecto pasará ahora por la plenaria del Senado, aunque no para debatir su contenido, sino para decidir si se convoca o no al pueblo.
La reforma laboral, que ha sido uno de los proyectos más controvertidos de la administración Petro, está prácticamente derrotada en el Senado, ya que, en la Comisión VII, 8 de los 14 senadores firmaron la ponencia negativa. Esta situación deja al proyecto sin posibilidades de avanzar a su tercer debate en la plenaria de la Cámara Alta. Entre los senadores que se manifestaron en contra se encuentran figuras como Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Nadia Blel (Partido Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Justa Libres).
Petro, al referirse a los senadores que firmaron la ponencia negativa, cuestionó la decisión del Congreso y expresó que el rechazo de los legisladores no significa un acto de deslegitimación de la democracia, sino simplemente un “bloqueo institucional”. Para el presidente, esta situación refleja la incapacidad del Congreso para superar los desafíos de las reformas propuestas por su gobierno.
“No solo la movilización, sino votar en las urnas de la consulta popular si no se quiere ser esclavo, sino libre”, agregó el mandatario, haciendo referencia a su visión de las reformas como elementos de libertad para los ciudadanos.
En su discurso, Petro explicó que el proceso de consulta popular está contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política, el cual establece el marco legal para la realización de este mecanismo democrático. No obstante, será el mismo Senado quien determine si se convoca o no a los colombianos a votar en una consulta que, de ser aprobada, debe realizarse en los próximos cuatro meses. La consulta popular será válida solo si un mínimo de 13,3 millones de personas acude a las urnas, y la mitad más uno de los votos debe ser favorable.
“La consulta popular es obligatoria una vez pase por la plenaria del Senado, se realiza hasta dentro de cuatro meses y el Senado tiene un mes para decidir. Les pido a los partidos políticos no hacer caso del rico, sino como ordena la Constitución, obedecer al interés general del pueblo”, puntualizó el presidente. Petro subrayó la importancia de no “negarle la participación al pueblo de Colombia”, advirtiendo que hacerlo sería una negación a la paz y un obstáculo para avanzar en los cambios que considera necesarios para el país.
¿Qué opinan los congresistas huilenses?
La propuesta de convocar a la ciudadanía a decidir en una consulta popular no ha sido bien recibida por todos los sectores políticos. El representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical Julio César Triana, calificó la idea como una muestra del “desespero” del presidente Petro, argumentando que la consulta popular busca desviar la atención de los problemas políticos y económicos actuales. “Convocar una consulta popular solo muestra el desespero del presidente Petro, quien solo está pensando en las elecciones del 2026”, señaló Triana.
El congresista también cuestionó la legalidad de la propuesta, al considerar que la consulta popular sobre proyectos de ley específicos, como las reformas laboral y de salud, es inconstitucional. Según Triana, el artículo 52 de la Ley 134 de 1994 establece que no se pueden realizar consultas populares sobre proyectos de ley o de articulado, lo que pondría en duda la viabilidad de la iniciativa. “Esta propuesta es abiertamente inconstitucional y se convierte en un nuevo intento del Gobierno de saltarse los mecanismos democráticos establecidos en la ley”, agregó.
En su crítica, Triana también señaló que la consulta popular es, a su juicio, un intento del gobierno de eludir el proceso legislativo y de responsabilizar a la oposición por el fracaso de su reforma. “El Congreso no debe prestarse para aprobar una consulta que sería inconstitucional y que solo tiene un objetivo político y es culpar a la oposición del fracaso de su proyecto político”, afirmó el representante.
Por otro lado, la congresista Luz Pastrana, quien renunció al partido Cambio Radical, defendió la labor del Congreso en el debate de las reformas, destacando que su rol no es solo aprobar leyes sin cuestionamientos, sino garantizar que las reformas sean adecuadas para las necesidades del país. “Desde el Congreso, como parte de la rama legislativa, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de debatir, analizar y modificar las reformas propuestas por el Gobierno”, afirmó Pastrana.
Asimismo, Pastrana expresó su disposición a trabajar en informar a la ciudadanía sobre el contenido de las reformas y sus implicaciones. “Nuestro papel no se limita a aprobarlas sin cuestionamientos, sino a velar porque cada iniciativa responda realmente a las necesidades del país”, explicó. Además, advirtió que si el presidente Gustavo Petro decide someter estas reformas a una consulta popular, su compromiso será “recorrer nuestros territorios para informar a los ciudadanos sobre su verdadero alcance”.
Pastrana subrayó la importancia de que los colombianos tengan claridad sobre las reformas y sus implicaciones. “Es fundamental que la ciudadanía tenga claridad sobre el contenido de las reformas, sus implicaciones y los riesgos que conllevan. Nuestro compromiso es con la verdad y con el bienestar de los colombianos”, afirmó la congresista, destacando que la democracia requiere que todos los actores políticos se involucren activamente en el proceso.
La Profe Leyla, señaló que la democracia no se define solo por la existencia de instituciones, sino por su capacidad de garantizar derechos y promover el bienestar colectivo. Sin embargo, la clase política tradicional ha demostrado, una vez más, su resistencia al cambio, priorizando intereses particulares sobre las necesidades del pueblo. El hundimiento de la reforma laboral no solo frustra un intento de dignificar el trabajo, sino que perpetúa la precarización de las nuevas generaciones, negándoles estabilidad y oportunidades.
El Congreso, que debería ser un espacio de deliberación genuina, ha optado por el bloqueo sistemático en lugar del debate. ¿A qué le temen quienes se niegan a discutir las reformas? Impedir que el pueblo conozca los argumentos y valore su trascendencia es un acto profundamente antidemocrático. La discusión no es un privilegio, es el fundamento mismo de la democracia.
Ante este cerco institucional, la consulta popular se convierte en una herramienta legítima para devolverle la voz a la ciudadanía. Cuando este gobierno fue elegido, el pueblo envió un mensaje claro a favor del cambio. Si el Senado no está dispuesto a escuchar, será el pueblo quien deba reafirmar su voluntad. La pregunta es si quienes hoy obstruyen el debate estarán dispuestos a enfrentar el juicio de la historia.
Segín la representante Flora Perdomo, la Comisión VII debió haberle dado el trámite respectivo, haberle dado la discusión necesaria que se debe hacer en los trámites de cada uno de los proyectos legislativos y no haber tomado esa decisión de una vez de archivar la reforma. Es importante que cada proyecto, se de la discusión para que se haga los análisis respectivos, para que allí se pueda revista muy bien lo que salió de aquí de la cámara, haber buscado una conciliación entre el texto de la cámara, para que se puedan hacer los ajustes que en cualquier momento se considere necesario. Sobre la consulta popular no hubo pronunciamiento.
El futuro de las reformas
El futuro de las reformas laboral y de salud sigue siendo incierto, y la convocatoria a una consulta popular podría complicar aún más el panorama para el gobierno de Petro. La consulta, aunque legal según la Constitución, enfrenta varios obstáculos, principalmente en términos de aceptación política y jurídica. Si bien el presidente ha reiterado que el pueblo debe decidir sobre estos cambios, muchos congresistas consideran que esta medida refleja más un intento de eludir el proceso legislativo tradicional y culpar a la oposición por el fracaso de sus reformas.
