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La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación alertaron sobre la suspensión pirnparte de la USPEC, el servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Detención Transitoria (CDT) a partir del 30 de junio. En Neiva, donde opera el único CDT del departamento del Huila, la situación genera especial preocupación. El costo de la alimentación de los PPL en Neiva supera los $3.000 millones anuales, y el municipio no cuenta con los recursos suficientes.
La decisión obedece a la aplicación de la Ley 2346 de 2024, que transfiere esta responsabilidad a las entidades territoriales, dejando a alcaldías y gobernaciones a cargo de garantizar la continuidad del servicio.
Las entidades de control han señalado que realizarán un seguimiento estricto al cumplimiento de esta medida y han requerido a los gobiernos locales la presentación de planes de atención que permitan garantizar la alimentación de los PPL a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, han advertido que, hasta el momento, no se han definido fuentes claras de financiación para que los entes territoriales asuman esta obligación, lo que podría generar una crisis en los CDT del país.
En Neiva, donde opera el único CDT del departamento del Huila, la situación genera especial preocupación. “Nosotros hemos solicitado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, a la USPEC y a la Gobernación del Huila la cofinanciación de una obligación que estaba en cabeza de la Nación, pero que fue trasladada a los municipios sin asignarle recursos”, afirmó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de la ciudad.
El funcionario explicó que, debido a que Neiva es el único municipio del Huila con un CDT, ha asumido el rol de centro de detención regional. “Todas las capturas que se realizan en el norte del departamento terminan en nuestro CDT. Lo que captura la Fiscalía, el Ejército y la Policía, todos terminan allá”, señaló.
El costo de la alimentación de los PPL en Neiva supera los $3.000 millones anuales, y el municipio no cuenta con los recursos suficientes para sostener este gasto. “Si hacemos más capturas, no podríamos decir que contratamos para 200 y que nos lleguen 220, los otros quedarían sin comida. Nos toca hacer algo que se llama una bolsa o un monto agotable, que hemos aforado en 400 PPL”, explicó Ducuara.
Ante esta situación, la Alcaldía ha solicitado apoyo a la Gobernación del Huila, la USPEC y el Ministerio de Justicia para lograr la cofinanciación del servicio. “El municipio no tiene cómo asumir solo esta carga. La misma ley establece que la Nación debe destinar recursos para la alimentación de las personas privadas de la libertad en los CDT de los entes territoriales”, enfatizó el secretario de Gobierno.
Mientras se busca una solución, la administración municipal trabaja en la creación de un nuevo CDT para mejorar la capacidad de atención y evitar el colapso del sistema. Entretanto, las autoridades locales esperan una respuesta del Gobierno Nacional sobre la asignación de recursos para garantizar la alimentación de los PPL a partir de julio.
