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En lo corrido del año, doce menores han perdido la vida en hechos violentos en Neiva, varios de ellos con antecedentes por comportamientos delictivos. Otros, como Valentina —una niña de 14 años que fue asesinada junto a Jesús Adrian de 15 años en el norte de la ciudad mientras compartían con otros con amigos en la puerta de la casa de la niña—, murieron sin haber estado vinculados a estructuras criminales. Son víctimas de un contexto que combina abandono institucional y retaliaciones entre pandillas. La creciente exposición de los adolescentes a entornos violentos y delictivos tiene en alerta a las autoridades locales y ha reabierto un debate: ¿debe Colombia endurecer las penas para menores infractores?
Valentina fue impactada por una bala en la cabeza cuando se encontraba sentada con su amigo y otros niños frente a la casa de su abuela. Patricia Perdomo, quien presenció el hecho, relató: “Estaba en la tienda cuando vi que pasó una moto con dos muchachos. No sabíamos que venían a hacer eso con los niños. La niña estaba conversando con su amigo. Escuchamos los disparos. Salí corriendo. Valentina tenía un disparo en la cabeza. El niño estaba en una silla, con varios impactos. Intentamos llevarlos al centro de salud. El niño llegó sin vida. La niña llegó con signos vitales, pero no resistió”.
Yenny Suárez, madre de la menor asegura que su hija no tenía relación con grupos ilegales. “Era alegre, muy responsable. Nunca me generó una preocupación por malas amistades. Nunca viví con ella una situación de temor. Mi hija tenía 14 años y era un motor en nuestra casa. Ahora me preguntan que si los responsables son menores. ¿Y eso qué importa? Ellos sabían lo que hacían. Tenían la capacidad de pensar como adultos. ¿Por qué no hacen nada?”, expresó.
En el área metropolitana de Neiva, 124 menores de entre 15 y 17 años han sido aprehendidos en lo que va de 2025 por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas e incluso homicidio. De estos casos, 117 corresponden a capturas en flagrancia y 7 a órdenes judiciales. Lo que más preocupa a las autoridades es que nueve de estos adolescentes ya tenían anotaciones previas, y que algunos de los menores fallecidos también habían estado vinculados a hechos delictivos.
Penas más severas para niños mayores de 14 años
Este panorama reactivó la discusión sobre una posible reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La representante a la Cámara por el Huila, Luz Pastrana, una de las ponentes del proyecto de ley 025-2025, con el que busca modificar los lineamientos del sistema para sancionar con mayor severidad a los menores entre los 14 y 18 años que cometan delitos graves.
“Es necesario y urgente endurecer las penas para adolescentes entre los 14 y 18 años. Esta reforma busca que los menores que delinquen como adultos, paguen como adultos. Ya no se trata de errores juveniles. Estamos viendo adolescentes entrenados, con roles específicos dentro de estructuras criminales. En el país ya hay más de 10.500 menores con historial delictivo y esta tendencia debe frenarse”, explicó Pastrana.
La propuesta legislativa contempla que los adolescentes sean juzgados bajo estándares similares a los de un adulto. En caso de ser condenados, cumplirían inicialmente su pena en centros especializados para jóvenes, pero una vez alcanzada la mayoría de edad, serían trasladados a un centro penitenciario convencional. “Hoy muchos menores cometen delitos sabiendo que quedarán libres a los 18. Eso debe cambiar. No puede haber beneficios automáticos por ser menores de edad”, indicó la congresista.
Hay motivos para tener una justicia más rigurosa
Los hechos que motivan esta propuesta no son hipotéticos. Ocurren en barrios concretos, con familias reales. Patricia Perdomo, abuela de Valentina, relató lo ocurrido la noche del domingo 13 de julio en que su nieta fue asesinada.
“Estaba en la tienda cuando vi que pasó una moto con dos muchachos. No sabíamos que venían a hacer eso con los niños. La niña estaba conversando con su amigo. Escuchamos los disparos. Salí corriendo. Valentina tenía un disparo en la cabeza. El niño estaba en una silla, con varios impactos. Intentamos llevarlos al centro de salud. El niño llegó sin vida. La niña llegó con signos vitales, pero no resistió”, relató.
Para Jenny Suárez , su hikaa era una joven de casa, sin ningún vínculo con la delincuencia. “Era alegre, muy responsable. Nunca me generó una preocupación por malas amistades. Nunca viví con ella una situación de temor. Mi hija tenía 14 años y era un motor en nuestra casa. Ahora me preguntan que si los responsables son menores. ¿Y eso qué importa? Ellos sabían lo que hacían. Tenían la capacidad de pensar como adultos. ¿Por qué no hacen nada?”, cuestionó.
Medidas de choque
En el plano institucional, las autoridades locales han comenzado a implementar medidas de contención. El secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, anunció la palicación del toque de queda a partir del próximo 1 de septiembre; fortalecimiento de controles en sectores priorizados en coordinación con la Secretaría de Juventud, el ICBF y la Policía, se realizarán operativos nocturnos en las comunas más críticas.
“Los menores que sean hallados en las calles durante horarios restringidos serán trasladados a centros de atención donde recibirán acompañamiento de personal especializado. Posteriormente, serán entregados a sus padres, y según el grado de reincidencia, podrán recibir amonestaciones o multas”, explicó.
Ducuara detalló que, de los 12 homicidios con participación de menores ocurridos este año, la mayoría de los involucrados ya tenían antecedentes. “Algunos registraban delitos por hurto, otros por homicidio, y varios estaban vinculados con el tráfico de drogas. Es un patrón que preocupa y que debe ser atendido con urgencia”, puntualizó.
Desde la Personería Municipal, el personero Jersson Andrés Bastidas planteó una reflexión más profunda sobre las causas estructurales del fenómeno. Según su análisis, lo que está ocurriendo en Neiva es el resultado de una combinación de factores: una despersonalización de las obligaciones familiares, una oferta desbordada de contenidos nocivos a través de redes sociales y una evidente ausencia de programas estatales enfocados en la juventud.
“El municipio de Neiva carece de políticas claras. No existen programas específicos que permitan orientar a los adolescentes o alejarlos de entornos de riesgo. Las redes sociales se han convertido en un canal para la difusión de violencia, consumo y criminalidad, sin filtros. Y en los hogares, muchos padres han perdido el control y la responsabilidad sobre sus hijos. La institucionalidad está fallando, y eso deja a los menores a merced de estructuras ilegales”, sostuvo Bastidas.
El proyecto de ley presentado en el Congreso prevé, además de los cambios punitivos, una etapa de socialización con audiencias públicas, jornadas de información en centros de reclusión juvenil y campañas de prevención en comunidades de riesgo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que el simple endurecimiento de penas podría ser insuficiente o incluso contraproducente si no se acompaña de inversión social y programas de prevención eficaces.
Mientras tanto, las familias afectadas por hechos de violencia esperan respuestas. Para Patricia Perdomo, el dolor de la pérdida no se compensa con discursos: “No puede ser que porque son menores la justicia no actúe. Ya hay demasiadas pruebas. Las autoridades saben quiénes fueron. Solo pedimos que se haga justicia. Mi nieta era inocente. No tenía nada que ver con el mundo de la delincuencia. ¿Cómo puede ser posible que se repita esto una y otra vez?”, insistió.
En Neiva, al menos doce adolescentes han muerto de forma violenta en 2025. Otros han sido capturados por delitos graves. Algunos han sido utilizados por estructuras criminales, otros ya operaban de forma independiente.
