Redacción La Última
Se desarrolló hoy en Neiva la audiencia para definir la situación jurídica de comparecientes de la fuerza pública, no seleccionados como máximos responsables, involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Huila.
La audiencia es presidida por la magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya y el magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quienes hoy definieron la situación jurídica de 97 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG) del Ejército Nacional mediante la renuncia a la persecución penal.
La audiencia abrió con un acto simbólico entre la víctima Luz Mery Martínez y el compareciente José Lazo Londoño.
Ambos sembraron un árbol que “representa a nuestros seres queridos y nuestra lucha”, dijo Martínez. Entre tanto, el compareciente Lazo expresó: “El arrepentimiento es grande por todo el daño causado”.
“La verdad ha sido dolorosa y, en muchos casos, esquiva para las víctimas. Pero en la JEP buscamos una verdad verdadera, no una que oculte.
Esa verdad ha sido posible gracias a la lucha incansable de las víctimas y a comparecientes que comprendieron la magnitud del daño”, afirmó la magistrada Saldaña.
Y agregó: “Hoy se cierra un ciclo. Recordaremos las mentiras que se dijeron, las verdades que se revelaron y, al final del día, resolveremos su situación jurídica con una resolución con vocación de sentencia”
El magistrado José Miller Hormiga, actual vicepresidente de la JEP, aclaró que la decisión que se tomará hoy no implica que los comparecientes sean inocentes:
“No fueron determinados como máximos responsables porque no planearon esta política macrocriminal. Fueron quienes la materializaron y ejecutaron, pero no tenían la disposición del mando”, explicó.
El compareciente Jhon Jairo Buitrago reconoció que al inicio del proceso llegaron con miedo y desconfianza.
“Llegamos con la mentalidad de que, si decíamos la verdad, nos íbamos a perjudicar más”, afirmó.
Pero el camino recorrido en la JEP les permitió dimensionar el daño que causaron.
“No imaginamos la magnitud del daño. Fue muy duro ver que un padre apenas había conocido a su hijo, que rompimos vínculos sociales y familiares, que por culpa nuestra dañamos sus vidas”, dijo Buitrago y reconoció que “aunque la reparación no es completa, con la verdad logramos confirmar lo que decían las víctimas: que sus familiares no eran lo que nosotros queríamos hacer ver”.
Los 97 comparecientes que responden por estos hechos transitan la #RutaNoSancionatoria, el mecanismo de la JEP a través del cual se les resolverá su situación jurídica de forma definitiva sin la imposición de una sanción, pero garantizando los derechos de las víctimas.
Para ello, los comparecientes deben cumplir con unas exigencias que analiza la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a partir de un régimen de condiciones estricto.
Para resolver su situación jurídica a través de la #RutaNoSancionatoria, los comparecientes deben:
✅ hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas,
✅ reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron
✅ y realizar acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas.
En el marco del Subcaso Huila, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas documentó 38 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, cometidos por integrantes del BIMAG, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional.
En todos los casos, las víctimas fueron asesinadas fuera de combate, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Este patrón —que buscaba presentar resultados operacionales falsos— refleja la sistematicidad con la que se ejecutaron estos crímenes, hoy objeto de verdad y justicia en la JEP.
