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En diálogo con LaÚltima.com.co, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, señaló al magistrado Iván Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, de ser el principal obstáculo en el proceso que definirá la entrada en vigencia de la reforma pensional.
Dussán recordó que la iniciativa superó el trámite legislativo y fue reglamentada mediante cinco decretos, pero al llegar a la Corte Constitucional encontró nuevas dificultades. “El magistrado radicó una ponencia declarando inexequible la ley. No tuvo mayoría y finalmente la conciliación que hicieron en la Corte fue devolver a la Cámara de Representantes un auto que pedía volver a discutir el texto”.
Posteriormente, la Cámara volvió a votar el articulado. “El presidente convocó a sesiones extraordinarias, se cumplió el procedimiento. La primera votación obtuvo 89 votos, esta vez fueron 104. Se regresó a la Corte Constitucional las actas. El presidente de la Corte dictó un nuevo auto de él, no de los nueve magistrados, pidiendo más información”.
De acuerdo con Dussán, la nueva exigencia del magistrado Ibáñez incluyó la entrega de los nombres de los congresistas que participaron en la votación de las sesiones extraordinarias. “Realmente hay una actitud hostil por parte del magistrado Ibáñez, que no es la mayoría de la Corte Constitucional. Los señores magistrados han hecho saber, varios, superior a cinco, que van a declarar exequible la ley”.
En la conversación con este medio, el presidente de Colpensiones advirtió que la falta de pronunciamiento de la Corte afecta la financiación del pilar solidario. “Si hoy se hubiera declarado constitucional la ley, Colpensiones hubiera recibido muchos más recursos que contribuirían al pilar solidario. Eso implicaría que, con parte de esos recursos, le podemos pagar a los tres millones de adultos mayores de 60 y 65 años el bono pensional”.
Agregó que, además de los recursos del presupuesto nacional, los fondos privados deben trasladar a Colpensiones a los trabajadores de alto riesgo. “Son 45 mil personas y ello implica una parte superior a 8 billones de pesos que tiene que entrar en transcurso de este año a Colpensiones. Eso ayudaría a que los recursos del presupuesto general de la Nación sean menores para el año entrante”.
Dussán señaló que el tiempo para la revisión constitucional ya expiró. “La Corte Constitucional, según la ley, debe determinar en 90 días la constitucionalidad de la ley. Realmente el entrampamiento está en la presidencia de la Corte, los demás magistrados tienen que esperar que él dicte los actos porque es el procedimiento legal”.
Consultado sobre si existe un eventual sabotaje, respondió: “Yo espero que no. Espero que el señor magistrado hable con mayor claridad al país. (…) El día que el presidente de la República firmó el decreto convocando a sesiones extraordinarias, el magistrado preguntó si el presidente no estaba fuera del país. Me pareció realmente irrespetuoso”.
El presidente de Colpensiones concluyó que el Congreso ya cumplió su papel y que ahora corresponde a la Corte tomar una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
