Neiva
En distintos puntos de Neiva, miles de familias viven en asentamientos que aún no logran su legalización. Allí, entre construcciones levantadas con esfuerzo y servicios irregulares, persiste la preocupación por no tener claridad sobre el futuro de estos territorios. Según cifras oficiales, son 117 asentamientos donde habitan más de 50.000 personas que continúan gestionando su reconocimiento formal.
El tema fue discutido en el Concejo de Neiva durante un debate de control político convocado por el concejal Abel Mendoza. En la sesión se expusieron los avances y los vacíos en la implementación de la política pública de asentamientos humanos. Mendoza indicó que las comunidades han solicitado rutas de atención definidas, presencia institucional constante y mecanismos que les permitan participar de manera directa en los procesos de legalización.
Las dependencias municipales presentaron sus informes. La Secretaría de Vivienda señaló que sectores como Villa Marinela y El Pinal registran avances, mientras que otros asentamientos enfrentan restricciones técnicas o de riesgo que impiden su formalización. También informó que el proyecto de 740 viviendas de interés prioritario avanza en un 15 % y está dirigido principalmente a familias víctimas del conflicto armado.
La Secretaría de Gestión del Riesgo explicó que participa en la actualización del POT, proceso que incluye mesas técnicas e insumos comunitarios. Sin embargo, la entidad aclaró que no cuenta con recursos propios para obras de mitigación o reubicación, por lo que depende de la articulación con otras dependencias para atender las solicitudes de los asentamientos.
Compromiso institucional
“La comunidad enfrenta dificultades cotidianas que requieren decisiones oportunas y políticas públicas con instrumentos aplicables y verificables. La situación exige compromiso institucional, disposición técnica y voluntad política. He solicitado mayor celeridad en la definición de rutas claras, mesas de trabajo formales y mecanismos que garanticen la participación directa de los habitantes de los asentamientosmanifestó el concejal Mendoza.
Acciones concretas
Por su parte; el concejal Alejandro Serna, resaltó la importancia del debate por tratarse de una discusión sobre la dignidad y la vida. “La política pública de asentamientos humanos fue aprobada en esta corporación y debe ser cumplida en su totalidad. Los asentamientos requieren soluciones urgentes relacionadas con abastecimiento de agua, servicios públicos y actualización coherente del POT”.
Ajustes administrativos
El concejal Dagoberto Gómez, recordó experiencias anteriores de legalización y obras de mitigación en distintos sectores de la ciudad, destacando que es posible gestionar recursos nacionales cuando existe articulación institucional. “El Acuerdo 028 es una herramienta vigente que exige aplicación y ajustes administrativos para responder a las necesidades actuales”.
Renovación y fortalecimiento
Mientras que el concejal Juan Sebastián Prieto, llamó la atención sobre la necesidad de revisar y actualizar la “política pública vigente, indicando que los instrumentos, indicadores y estrategias evaluados presentan debilidades que impiden soluciones efectivas”. Propuso fortalecer la capacidad operativa y aumentar recursos para mitigación.
Destinación de recursos
El concejal Héctor Javier Osorio, reiteró la importancia de que la administración defina acciones claras para fortalecer el equipo encargado de la legalización, destinar mayores recursos “para atender asentamientos con posibilidad de regularización y garantizar tierras para vivienda de interés prioritario”.
La Mesa Directiva del Concejo anunció la creación de una comisión especial para hacer seguimiento a los compromisos derivados de la sesión y coordinar acciones con las secretarías y las comunidades. Esta comisión será presidida por Abel Mendoza, quien también impulsará la solicitud para que el Concejo y delegados comunitarios participen en la estructuración del nuevo POT.
