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Alias “La doctora”, operaba al servicio de las disidencias desde un juzgado en Garzón

Judicial

La Última, obtuvo la audiencia de legalización de la captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento de cuatro integrantes capturados pertenecientes a la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC, entre ellos alias la doctora’ o ‘la abogada’, practicante de Derecho quien desde el Juzgado Primero Penal Municipal de Garzón, realizaba funciones de consultorio jurídico y es señalada de cumplir funciones clave en la organización.

Yurley Karine Valderrama Cardona, alias ‘la doctora’ o ‘la abogada’, señalada por las autoridades de integrar el frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc en el Huila, era presentada públicamente como estudiante y practicante del programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana. Su nombre figuraba en el registro de la Rama Judicial como habilitada para realizar funciones de consultorio jurídico y trámites ante despachos de los circuitos de Neiva y Garzón. Ese perfil formal, según la investigación, habría servido como fachada para una serie de actividades al servicio del grupo armado.

La Fiscalía la señala de participar en tareas de apoyo logístico, financiero y jurídico dentro de la estructura que opera en Garzón y otros municipios del centro y sur del departamento. Su captura se produjo en medio de un operativo contra una red que, de acuerdo con las investigaciones, extorsionaba a comerciantes y agricultores mediante cobros periódicos y presiones armadas. Entre los detenidos apareció la mujer conocida como ‘La Doctora’ o ‘La Abogada’, señalada de cumplir funciones clave.

Uno de los testigos presentados por el ente acusador describió que Valderrama mantenía contacto directo con integrantes y mandos del frente, en especial con alias ‘Alex’ o ‘Tornillo’. Según su declaración, participaba en labores de observación en rutas y veredas, entregaba personalmente volantes y panfletos extorsivos que luego eran distribuidos en distintas zonas rurales y gestionaba sumas de dinero provenientes de cobros o préstamos destinados a financiar a la organización.

El testimonio también indica que actuaba como intermediaria entre miembros del grupo en terreno y superiores de la estructura, transmitiendo comunicaciones, solicitudes y reportes operativos. De igual forma, habría brindado acompañamiento jurídico a integrantes vinculados a procesos judiciales, aprovechando su formación en Derecho y el acceso a trámites del consultorio jurídico universitario.

Las autoridades señalan que ‘La Doctora’ custodiaba material considerado sensible por los mandos del frente, entre ellos talonarios, panfletos y equipos entregados por cabecillas. Desde su teléfono celular, según la investigación, coordinaba parte de estas actividades, lo que permitió rastrear su participación en la logística interna del grupo.

El testigo afirmó que Valderrama también se encargó de gestionar insumos y elementos tecnológicos requeridos por la estructura, como drones, repuestos y uniformes con apariencia similar a los utilizados por la Policía. Estos materiales habrían sido destinados a operaciones de reconocimiento y a otras acciones delictivas.

Otro de los señalamientos apunta a su papel en la coordinación de encuentros y desplazamientos de integrantes del frente, así como en la entrega de encargos y comunicaciones que permitían movilizar recursos o preparar actividades en zona rural. La Fiscalía sostiene que mantenía una participación constante en la recopilación de información sobre comerciantes y ciudadanos de la región, datos que luego se usaban para citaciones o nuevas extorsiones.

La investigación detalla que desde su vivienda elaboraba panfletos extorsivos y talonarios mediante una impresora. Ese material, afirman las autoridades, servía para formalizar los cobros que la organización distribuía en veredas y cascos urbanos.

Valderrama permanece vinculada al proceso mientras la Fiscalía avanza en la consolidación de pruebas y declaraciones sobre el rol que habría desempeñado dentro del frente Rodrigo Cadete. Las audiencias continúan en los juzgados del Huila, donde se define su situación jurídica y la de los demás capturados en el operativo.