Por: Ana María Rincón Herrera
Opinión
Lo que hoy ocurre en Colombia no es simplemente un escándalo más: es una señal gravísima de decadencia institucional. La sola posibilidad, la sola sospecha, de que un general de la República y funcionarios del Gobierno tengan algún nivel de cercanía, benevolencia o coordinación con alias Calarcá y las disidencias de las FARC debería estremecer a toda la nación.
Y, sin embargo, el Gobierno guarda silencio.
Un silencio que ofende.
Un silencio que pesa más que cualquier evidencia.
Colombia ha sido testigo de un deterioro acelerado del orden público mientras este Gobierno insiste en llamar paz a lo que no es más que un proceso de legitimación criminal. Y ahora, ante estos cuestionamientos, la sensación es inequívoca: algo huele mal. Muy mal.
Porque cuando un general aparece mencionado en estas historias turbias, no estamos ante un detalle menor: estamos hablando del alma de la República. La Fuerza Pública no puede ser zona gris ni terreno de pactos. Si las disidencias están infiltrando, condicionando o manipulando decisiones del Estado, este país está en peligro real.
Y cuando desde la Casa de Nariño se permiten ambigüedades frente a grupos armados, se envía un mensaje devastador: que el poder ilegal puede sentarse a la mesa como si fuera un actor político legítimo. Que a los criminales se les consulta, se les cuida, se les preserva… mientras el ciudadano de bien permanece secuestrado por la inseguridad.
Colombia no puede aceptar que un Gobierno relativice el terrorismo.
No puede aceptar generales envueltos en sombras.
No puede aceptar que las disidencias tengan más influencia que los ciudadanos.
Esta situación es una línea roja.
Una alarma encendida.
Un recordatorio de que la democracia puede perderse no solo con balas, sino con concesiones, silencios y omisiones.
Si el Gobierno tiene algo que explicar, que lo haga ya.
Si hay responsabilidades, que se asuman ya.
Si hay infiltración, que se corte de raíz ya.
Porque cada día que pasa sin transparencia, el Estado se debilita.
Y cuando el Estado se debilita, los violentos mandan.
Colombia no está para pactos oscuros.
Está para recuperar su dignidad.
Y ese deber empieza por decir la verdad, caiga quien caiga.
