Por: Luís Ernesto Salas Montealegre
Opinión
Una propuesta explosiva acaba de sacudir el panorama político colombiano: exigir exámenes médicos obligatorios de aptitud física y mental a todo funcionario que quiera ejercer un cargo de elección popular. La iniciativa viene del exsenador Hernán Andrade Serrano, quien busca regresar al Congreso con el número 9 del Partido Conservador.
El proyecto plantea una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Está Colombia siendo gobernada por personas mentalmente aptas para hacerlo?
De aprobarse, ningún presidente, senador, representante, gobernador, alcalde, diputado o concejal podría ejercer sin someterse a un examen médico integral antes de posesionarse y luego una vez cada año.
El diagnóstico incluiría: estado físico general, capacidad cognitiva y funciones ejecutivas, salud mental y pruebas psiquiátricas, detección de adicciones y enfermedades neurodegenerativas.
Y lo más polémico: los resultados serían públicos.
Según Andrade, no se trata de estigmatizar, sino de “proteger la democracia de la improvisación, el deterioro y la incapacidad”. Pero en un país acostumbrado a tocar con pinzas la vida privada de los mandatarios, la propuesta cae como un misil.
Colombia ya ha sido gobernada por enfermos, pero nadie se atreve a decirlo
El caso más reciente es el del presidente Gustavo Petro, cuya salud mental ha sido tema de discusión nacional por sus comportamientos erráticos, ausencias prolongadas, contradicciones públicas y señalamientos sobre posibles problemas de adicción. Es un tema —hasta ahora— tabú en los altos círculos de poder.
Pero la historia tiene ejemplos aún más graves.
Durante uno de los momentos más sangrientos del país, el presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) ya mostraba claros signos de deterioro cognitivo. Años después se confirmaría que padecía una enfermedad neurodegenerativa avanzada.
Mientras explotaban bombas, caían líderes políticos y el Cartel de Medellín desangraba al país, el poder real quedó en manos del llamado “sanedrín”, un grupo de asesores —entre ellos Germán Montoya— que tomaba decisiones en nombre de un presidente que ya no estaba en condiciones de tomarlas.
Otro caso mencionado es el de Julio César Guerra Tulena, exgobernador de Sucre, quien gobernó mientras sufría Alzheimer en estado avanzado. Según testimonios, olvidaba nombres, reuniones y discursos completos. Ese vacío de poder permitió que redes de corrupción capturaran la administración y entregaran importantes negocios públicos a clanes políticos y criminales.
Mientras en otros sectores profesionales la salud física y mental es un requisito básico, en la clase política colombiana ha sido un tema blindado y silencioso. Andrade plantea que “si un piloto debe demostrar que está sano para volar un avión, un gobernante debería demostrar que está apto para manejar un país”.
La pregunta queda abierta:
¿Temen los políticos colombianos que sus diagnósticos no pasen el examen?
El proyecto no ha sido radicado aún, pero ya genera temor, resistencias y apoyos. Algunos sectores ven en la iniciativa un mecanismo para blindar la institucionalidad. Otros la interpretan como una bomba de tiempo que dejaría a varios líderes políticos expuestos.
Pero algo es seguro:
Colombia está a punto de debatir si quienes toman las decisiones más importantes del país están realmente en condiciones de hacerlo.
