Lester Fabián Garrido, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en el Huila, se refirió a las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la compra de predios baldíos dentro del programa de reforma agraria. De acuerdo con el funcionario, los procedimientos adelantados por la entidad se ajustan al marco legal y constitucional y siguen rutas técnicas definidas. Explicó que cada proceso de compra cuenta con evaluaciones catastrales, jurídicas y agronómicas realizadas por profesionales responsables, quienes determinan la viabilidad de los predios antes de cualquier decisión administrativa.
Garrido señaló que las observaciones sobre precios, calidad de la tierra, condiciones físicas de los predios o negociaciones pueden ser presentadas ante las instancias correspondientes y a través de los mecanismos institucionales previstos. Indicó que desde la Agencia Nacional de Tierras se mantiene una política de transparencia en cada una de las actuaciones, en línea con las directrices del Gobierno nacional, y que los procesos se encuentran abiertos al control ciudadano y a la revisión de los organismos competentes.
Frente a los señalamientos que se concentran en el norte del Huila, especialmente en el municipio de Baraya, el coordinador afirmó que varias de las denuncias provienen de personas que han sido reportadas por la misma entidad ante las autoridades. Según explicó, se han puesto en conocimiento presuntas irregularidades en la administración de predios entregados en el marco de la reforma agraria, relacionadas con uso distinto al autorizado, posibles beneficios a terceros no vinculados al programa y conflictos internos dentro de las organizaciones beneficiarias. Estas situaciones, dijo, han sido trasladadas a las áreas competentes para su evaluación.
El funcionario agregó que los predios entregados por la Agencia tienen fines específicos como la producción de alimentos, el acceso a la tierra para población campesina y la redistribución equitativa. Señaló que cuando se identifican hechos que contrarían estos propósitos, como presunto constreñimiento, maltrato entre asociados o situaciones de violencia, la entidad actúa conforme a sus obligaciones legales y suspende o limita los procesos hasta tanto se esclarezcan los hechos. Afirmó que estas decisiones han generado inconformidad en algunos sectores de las comunidades involucradas.
Sobre su situación personal, Garrido indicó que no cursa en su contra ninguna investigación administrativa ni penal. Confirmó que ha interpuesto denuncias por presuntas calumnias e injurias, aunque manifestó que ha optado por concentrarse en el desarrollo de su labor institucional. Frente a versiones sobre un supuesto complot para frenar la reforma agraria, señaló que se han identificado acciones mediáticas y judiciales que, a su juicio, buscan desacreditar el trabajo de la Agencia mediante información que no cuenta con soporte técnico ni probatorio suficiente.
En relación con la entrega de tierras, el coordinador precisó que más del 90% de los predios adjudicados en el Huila han beneficiado a población del mismo departamento. Explicó que el programa incluye a campesinos, firmantes del acuerdo de paz, comunidades indígenas y población afro, y que la Agencia Nacional de Tierras es la autoridad competente para adelantar estos procesos. Añadió que la constitución de resguardos o consejos comunitarios no requiere aval de las administraciones municipales, aunque sí implica coordinación institucional en los territorios.
Garrido informó que el balance proyectado para 2025 contempla cerca de 10.000 hectáreas entregadas a familias campesinas e indígenas, la implementación de planes de ordenamiento social de la propiedad rural en municipios como La Plata, micro barridos de formalización en El Agrado y Pitalito, y la conformación de varios municipios de reforma agraria en el departamento. Indicó que entre 700 y 800 familias han sido beneficiadas, algunas mediante esquemas colectivos y otras de manera individual, y que una parte importante de los predios ya se encuentra en proceso de adjudicación definitiva mediante escrituración.
Finalmente, el coordinador señaló que el tema de la tierra ha sido históricamente una fuente de conflicto en el país y que la implementación de la reforma agraria implica tensiones entre distintos actores. En ese sentido, hizo un llamado a promover un diálogo informado y responsable desde los sectores políticos, los medios de comunicación y la academia, con el fin de analizar el proceso con mayor rigor y comprensión de su complejidad, y contribuir a la construcción de políticas públicas sostenibles en el sector rural.
