ACTUALIZACIÓN
Miles de familias huilenses que buscan comprar vivienda de interés social podrían enfrentar un cambio en las reglas con las que se define su precio. El Gobierno Nacional avanza en un proyecto de decreto que pretende fijar el valor de la VIS en pesos y no en salarios mínimos mensuales legales vigentes, una decisión que modificaría una práctica que ha orientado el desarrollo de proyectos habitacionales en el departamento durante los últimos años.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, plantea desindexar el precio máximo de este tipo de vivienda del salario mínimo. De materializarse, el ajuste impactaría directamente la planeación de proyectos en ciudades como Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, donde la VIS ha sido una de las principales herramientas para atender la demanda de hogares de ingresos bajos y medios.
El presidente Gustavo Petro ha defendido la propuesta al señalar que el salario mínimo no es el factor que más incide en el costo de construir una vivienda. Según el mandatario, el valor final depende en mayor medida del precio del suelo, los materiales, las tasas de interés y los trámites urbanísticos, variables que no necesariamente crecen al mismo ritmo que el salario mínimo.
En la misma línea, el Ministerio del Trabajo ha indicado que el componente salarial representa cerca del 22% del costo total de un proyecto de vivienda social, mientras que el resto corresponde a insumos, administración, licencias y financiación.
No obstante, el borrador del decreto ha generado reparos en el Congreso. Algunos parlamentarios han advertido que el Plan Nacional de Desarrollo ya fija los topes de la VIS en salarios mínimos, por lo que cambiar ese criterio por decreto podría no tener sustento jurídico y requeriría un trámite legislativo.
En el Huila, el debate se centra en las posibles consecuencias para la oferta de vivienda. Actores del sector constructor han señalado que, si el precio máximo queda fijo en pesos y no se ajusta con la inflación o con el aumento de los costos de materiales y licencias, varios proyectos podrían volverse inviables financieramente.
Una eventual reducción en la construcción de VIS podría traducirse en menos viviendas disponibles para compra y una mayor presión sobre el mercado de arrendamientos, especialmente en zonas urbanas donde muchos hogares destinan una parte considerable de sus ingresos al pago de alquiler.
