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Desde el 26 de diciembre de 2025 la
Defensoría del Pueblo ha recibido y verificado reportes sobre enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias al mando de alias
“Calarcá Córdoba” y la Segunda Marquetalia, en las veredas Linderos y La Libertad, ubicadas en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas,
municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Este territorio se encuentra priorizado en la Alerta Temprana de Inminencia 018- 2023, y la continuidad de las hostilidades evidencia un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de la situación humanitaria de las comunidades campesinas, en particular en un periodo en el que las familias desarrollan actividades agrícolas y de movilidad cotidiana, incrementando su exposición a riesgos.
La Defensoría del Pueblo ha puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres oportunidades, mediante comunicaciones formales que advierten la materialización de riesgos graves y la necesidad de medidas urgentes de protección; la más reciente fue remitida en las últimas horas, sin que a la fecha se evidencien respuestas con impacto efectivo en el territorio.
La persistencia de los combates mantiene a la población civil en una situación de riesgo permanente y diferenciado, que incluye afectaciones a la vida e integridad personal, accidentes por minas antipersonal y municiones sin explosionar, amenazas y homicidios selectivos, así como riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento y de vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo llama a los grupos armados presentes en la zona a excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de acciones que pongan en peligro a las comunidades, conforme a las normas del derecho internacional humanitario. Además recuerda, que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el Frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades.
Asimismo, requiere a las entidades del Estado la adopción inmediata de accionesurgentes, coordinadas y eficaces para garantizar la protección integral de la población —con especial énfasis en la protección reforzada de niñas, niños yadolescentes—, fortalecer la respuesta institucional y prevenir que esta escalada continúe profundizando la crisis humanitaria en San Vicente del Caguán, territorio históricamente afectado por la confrontación armada y sus impactos sobre los derechos de la población.
