Judicial
Han pasado doce meses desde la explosión registrada la noche del Jueves Santo de 2025 en el centro de La Plata, en el occidente del Huila, un hecho que dejó dos hermanos muertos y varias personas heridas cuando familias y transeúntes se encontraban en la zona tras actividades religiosas y comerciales.
Desde entonces, la familia de las víctimas ha centrado su atención en los procesos de salud y en el acompañamiento institucional posterior al hecho.
Blanca Cecilia Peña Rosero, tía de las víctimas mortales, Luisa Fernanda Trujillo Peña, de 20 años, y Sergio Esteban Trujillo Peña, de 17, señala que durante este año el principal reto ha sido el acceso continuo a atención en salud mental para los integrantes de su familia. Indica que, aunque han recibido acompañamiento psicológico en el hospital del municipio, las remisiones a psiquiatría y las citas especializadas no han tenido la regularidad necesaria para todos los casos.
“La psicóloga nos ha estado atendiendo, pero las remisiones han sido difíciles. Para algunos han salido citas, pero para otros ha sido imposible”, señaló.
Explica que el seguimiento no ha sido constante y que la dificultad para acceder a atención especializada se ha mantenido a lo largo de los meses, lo que ha obligado a la familia a insistir de manera reiterada para intentar avanzar en los trámites.
En materia de acompañamiento institucional, la familia sostiene que la ayuda recibida por parte de la administración municipal ha sido limitada. Afirman que, tras los primeros meses, el apoyo se redujo a la entrega de un mercado, sin que haya existido un acompañamiento sostenido en salud o en gestión de trámites.
“Nosotros hemos pedido apoyo para las citas, pero no ha sido posible. Hemos acudido a varias instancias y no hemos tenido respuesta efectiva”, afirmó.
En ese mismo periodo, según su relato, acudieron a distintas dependencias en busca de apoyo para la gestión de citas y seguimiento institucional, sin resultados concretos.
Frente a este caso, el concejal de La Plata, Daniel Chapid, ha señalado que lo ocurrido evidencia fallas en el acompañamiento institucional posterior al atentado. Ha indicado que el caso refleja la falta de continuidad en la atención a víctimas, especialmente en salud mental, donde considera que no ha existido un seguimiento integral.
Chapid ha insistido en que la atención no puede limitarse a los primeros momentos posteriores al hecho, sino que debe mantenerse en el tiempo. En ese sentido, ha cuestionado que, un año después, las familias continúen con dificultades para acceder a citas especializadas y a rutas claras de atención.
También ha solicitado que se revise el funcionamiento de las rutas de atención a víctimas y la articulación entre la administración municipal y las entidades de salud, con el fin de establecer si los protocolos han sido efectivos o si requieren ajustes.
En relación con el proceso judicial, la familia asegura que ha recibido información fragmentada sobre capturas e investigaciones, pero que no cuenta con claridad sobre el avance del caso ni sobre la situación de todas las personas señaladas como presuntas responsables. Esa falta de información ha prolongado la incertidumbre en medio del duelo.
A esto se suma el caso de alias Richard, una de las personas señaladas como presunto responsable, de quien la familia indica que habría sido capturado inicialmente, pero posteriormente se habría fugado. Señalan que no han recibido información clara sobre su recaptura o sobre el estado actual del proceso en su contra.
El hecho ocurrió en medio de la jornada del Jueves Santo de 2025, cuando una explosión registrada en inmediaciones de la estación de Policía del municipio afectó a personas que se encontraban en el sector, dejando como saldo dos personas fallecidas y varias más heridas.
A un año del hecho, los familiares continúan entre las gestiones en salud, las solicitudes de acompañamiento institucional y la espera de respuestas más concretas tanto en el ámbito médico como en el avance de la investigación judicial.
